Cantabria continúa mostrando una gestión eficiente en la atención a personas en situación de dependencia, según los últimos datos oficiales del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). La comunidad autónoma tarda ahora una media de 171 días en resolver los expedientes, cifra que no solo está muy por debajo del plazo medio de toda España (320 días), sino que también se mantiene dentro del límite legal establecido de 180 jornadas.
La directora del ICASS, Carmen Arce, lo ha confirmado en un comunicado oficial, subrayando que la comunidad se sitúa entre las seis comunidades autónomas con los tiempos de tramitación más rápidos del país. Además, Cantabria no solo cumple con los plazos, sino que los ha reducido significativamente: mientras que al inicio del año la media era de 203 días, en los cinco primeros meses de 2026 ya se ha bajado a 171 días.
Lo más notable es que, a pesar del importante incremento en la demanda, el sistema cántabro ha logrado mantener prácticamente estable la evolución de expedientes fuera de plazo. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el número de solicitudes de dependencia ha pasado de 23.795 a 25.854, lo que representa un aumento del 8,65%. En términos absolutos, esto significa que el sistema ha tenido que gestionar más de 2.000 expedientes adicionales en solo cinco meses.
De toda esa masa de nuevas solicitudes, la buona notícia es que solo quedan 98 personas en lista de espera, un dato que demuestra la capacidad de respuesta del servicio público cántabro. Arce ha destacado que Cantabria es la segunda región que más ha aumentado el número de personas beneficiarias con prestación, al mismo tiempo que ha reducido el tiempo de resolución.
Otro indicador positivo es la reducción de las personas que esperan más de seis meses para la resolución de su grado de dependencia. Estas han descendido de 143 a 49, lo que supone una caída superior al 65%. Este descenso es especialmente relevante porque afecta directamente a quienes han tenido las esperas más largas.
A cierre de mayo, existían 1.508 expedientes pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA). De este total, 1.107 corresponden a personas que están dentro del plazo legal de tramitación, por lo que no se pueden considerar situaciones de demora ni forman parte de una lista de espera en sentido estricto. Esto significa que la mayoría de los expedientes pendientes están siendo gestionados dentro de los tiempos previstos por la ley.
La situación de dependencia en Cantabria tiene un trasfondo más complejo que se revela en informes nacionales. Según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 124 personas en Cantabria mientras estaban en lista de espera de la dependencia. De estas, 50 no habían tenido resolución de grado y 74 ya tenían derecho reconocido, pero estaban pendientes de recibir la prestación o el servicio.
Cantabria ocupa el puesto número 14 en la aplicación de la escala del observatorio de la dependencia, con una disminución de 0,1 puntos respecto al ejercicio anterior. En 2025, la cifra de personas atendidas ha disminuido en 43 casos (-0,24%), alejándose de la media nacional que registra un crecimiento de 10,45% en personas atendidas en situación de dependencia.
La tasa de limbo de Cantabria es del 2,03%, habiendo bajado hasta las 377 personas, pasando del +8,45% al +2,03%. Mientras que el resto de las comunidades autónomas han disminuido, dejando el limbo en un 8,70% de media estatal. El número de personas desatendidas se sitúa en 22,90 por cada 1.000 personas con derecho reconocido, con 426 personas en el limbo de la dependencia (tasa del 2,3%).
En el último ejercicio, Cantabria atendió a 18.175 personas dependientes, 43 menos que en 2024. Este estancamiento se refleja en los últimos años: en 2022 la variación fue de +1,06%, en 2023 de -1,06%, y en 2024 de -1,6%. Este año incrementa en solo 6 personas (+0,03%), lo que sugiere que el sistema se encuentra topado alrededor de las 18.500 personas dependientes.
El promedio de gasto público por persona dependiente en Cantabria es de 5.945 euros, ligeramente por debajo de la media nacional. Según el informe, esto representa «un diferencial poco perceptible, pero que continúa una senda de reducción desde el año 2019».
Cantabria también está entre las comunidades con mejor puntuación en velocidad de tramitación, aunque obtiene la peor nota en uno de los 20 indicadores analizados: la variación anual de personas atendidas sobre el total de la población potencialmente dependiente, con un -0,2%. En el ranking general del Observatorio, comunidades como Castilla-La Mancha (8,2) y Castilla y León (7,5) son las mejor puntuadas, mientras que Extremadura (2,2), Ceuta (2,5), Melilla (2,5), Murcia (3,2), Cataluña (3,2) y Cantabria (3,5) están a la cola.
