El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la condena de nueve años de inhabilitación para cargo público al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), por un delito de prevaricación administrativa. La resolución de la Sala de lo Penal ratifica en esencia el fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ya le impuso esta sanción después de analizar diversas actuaciones del regidor en el ejercicio de sus funciones.
La condena se sustenta en la contratación de un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo alguno, en un contexto en el que, según el tribunal, no existía un contrato vigente que justificara la continuidad del servicio ni la necesidad de prorrogar la relación laboral. Los magistrados aprecian que el alcalde adoptó decisiones tomadas por unanimidad en el Ayuntamiento, pero entienden que esa unanimidad se utilizó para “anteponer la voluntad política a cualquier otro razonamiento jurídico”, lo que configura un acto con plena conciencia de su ilegalidad.
En el mismo proceso, la Audiencia Provincial absolvió a Arco de los cinco restantes hechos por los que fue enjuiciado, al considerar que en esos casos actuó “conforme a derecho o convencido de que cumplía la ley”, o bien contando con el asesoramiento jurídico de la letrada municipal. El TSJC, en su sentencia de apelación, respalda esta línea de análisis y mantiene la absolución en estos otros asuntos, aunque introduce la atenuante de dilaciones indebidas como simple, en atención a una parte de la defensa, medida que no altera la pena final ya que se había fijado la mínima legal prevista para el delito de prevaricación.
La resolución no es aún firme, ya que cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que mantiene abierta la posibilidad de revisión del pronunciamiento. La acusación particular, promovida por el exalcalde popular Miguel Ángel Mezo, ha solicitado que se produzca la inhabilitación sobrevenida del regidor y ha advertido de que, si el Ayuntamiento no resuelve su situación, presentará una reclamación ante la Junta Electoral Central, argumentando que “no puede seguir siendo alcalde” mientras cumple la pena de inhabilitación.
En el juicio, celebrado en diciembre, Arco alegó que todas las decisiones adoptadas por su equipo contaron con asesoramiento jurídico y se consensuaron en el seno del Consistorio, pero el tribunal considera que en el caso del arquitecto municipal el regidor trascendió la mera gestión política y vulneró de forma deliberada la disciplina propia de la contratación pública. La condena se enmarca en un expediente en el que el alcalde se enfrentaba a una petición de hasta 15 años de inhabilitación, planteada por Fiscalía y acusación particular, pero el tribunal solo ha mantenido la condena en relación con este único hecho, rechazando la continuidad delictiva que ambas acusaciones habían invocado.
