La titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado el recurso presentado por una acusación particular en la causa abierta por el accidente de la pasarela de El Bocal, en el que murieron seis personas y otra resultó herida grave tras el colapso de la estructura. En consecuencia, ha acordado citar el próximo 31 de julio al representante legal de DRAGADOS para que declare en calidad de investigado. La magistrada, además, ha declarado la responsabilidad civil de la empresa constructora.
La decisión supone un cambio relevante respecto a la resolución inicial, en la que la instructora no había aceptado esa condición procesal para el responsable de la contratista y lo había llamado a declarar como testigo. Tras revisar el recurso, la jueza entiende ahora que existen elementos suficientes para dar ese paso y para incorporar a la mercantil como posible responsable civil en el procedimiento.
La instructora adopta esta resolución a partir de las declaraciones realizadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados: el que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras en Costas hasta 2023 y el ingeniero de FRONDA que firmó el proyecto de la pasarela. Según recoge el auto, ambos insistieron en una cuestión que ya había sido apreciada por el perito judicial, relativa a las diferencias entre el diseño proyectado y la ejecución finalmente llevada a cabo.
En el proyecto original, los rastreles y durmientes “aparentan continuidad en toda la longitud del puente”, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se dividió en dos piezas de mitad de longitud. El perito judicial consideró que esa variación no tenía una relevancia significativa desde el punto de vista del comportamiento estructural global, aunque ahora la magistrada da peso a las nuevas valoraciones aportadas por los peritos de la defensa.
Uno de ellos sostiene que la división de cada rastrel en dos tramos iguales “debilitó la robustez del conjunto”, mientras que el otro entiende que esa decisión “supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución”. A la vista de esas conclusiones, la jueza aprecia que la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado no habría sido la causa inmediata del colapso de la pasarela, pero sí existen indicios suficientes para pensar que pudo condicionar la forma concreta en que se produjo la rotura del tablero.
En ese razonamiento, la magistrada habla de una rotura “más brusca” y alude a un “efecto trampilla”, lo que, a su juicio, abre la puerta a considerar que la actuación de la constructora pudo tener incidencia en el resultado final del siniestro. Por eso acuerda llamar como investigado al representante de DRAGADOS y declara también la responsabilidad civil de la empresa en el procedimiento.
El auto, que resuelve el recurso de reforma, no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria. De este modo, la causa sigue abierta a nuevas impugnaciones mientras avanza una instrucción que trata de esclarecer qué falló en la pasarela y quién debía responder por el estado de la infraestructura.
La investigación judicial por el accidente de El Bocal se inició el 3 de marzo, el día en que seis personas perdieron la vida y otra resultó herida grave al romperse la pasarela sobre la que se encontraban en la senda costera de Santander. Desde entonces, la magistrada ha practicado distintas diligencias encaminadas a reconstruir lo sucedido y a delimitar responsabilidades.
Hasta ahora, la acción penal se ha dirigido contra siete personas. Entre ellas figuran la gestora del 112 que recibió la llamada de un vecino el día anterior avisando del estado de la pasarela, la agente de la Policía Local que recibió ese aviso, el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera, dos funcionarios que han ocupado la jefatura de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda, el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera y, a partir de ahora, el representante de la empresa contratista que ejecutó la infraestructura.
Junto a esas imputaciones, la jueza ha señalado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a DRAGADOS. La resolución refuerza así una línea de investigación que, por el momento, sigue repartiendo el foco entre el diseño de la pasarela, su ejecución y las obligaciones de conservación y mantenimiento que pudieran corresponder a las distintas administraciones implicadas.
