La Guardia Civil ha detenido en Madrid a Leire Díez, conocida en círculos políticos como “la fontanera de Ferraz”, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por su presunta implicación en una trama de corrupción ligada a adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones.
Ambos fueron trasladados a los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos, donde permanecieron a disposición judicial para ser interrogados en el marco de una causa secreta dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Antonio Piña. En este procedimiento, que instruye la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO), se investigan posibles delitos de malversación, fraude, falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación.
Fuentes judiciales confirman que hay más arrestos previstos y varios registros realizados en distintas provincias. Las pesquisas se centran en la empresa Servinabar, una constructora navarra que ya aparecía vinculada al llamado caso Koldo, investigado por el Tribunal Supremo por el presunto pago de comisiones en contratos públicos durante la pandemia.
Según fuentes próximas al caso, Fernández —que presidió la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019— habría actuado como intermediario o testaferro del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para recibir comisiones ilegales a través de Servinabar. El exdirectivo trabajó para esta empresa entre 2021 y 2023, percibiendo un salario de casi 70.000 euros anuales y otras cantidades en los ejercicios siguientes, según los datos remitidos al Supremo por la Hacienda Foral de Navarra.
Vínculos con Servinabar y la etapa de Montero
Fernández fue una figura próxima a la entonces ministra de Hacienda y hoy vicepresidenta, María Jesús Montero, quien lo nombró presidente de la SEPI al poco de constituirse el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2018. Su salida del cargo se produjo un año después, tras conocerse la acusación fiscal en el caso Aznalcóllar, por el supuesto amaño en la adjudicación de la mina sevillana, causa de la que fue absuelto recientemente por falta de pruebas.
Tras su paso por la empresa pública, Fernández solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo en Servinabar, empresa en la que —según la investigación— Santos Cerdán y el empresario vasco Antxon Alonso mantenían participaciones encubiertas cercanas al 45%. La UCO sospecha que parte del dinero negro de las adjudicaciones amañadas habría sido canalizado por Fernández a través de su nómina, para entregarlo posteriormente a Cerdán y, presuntamente, repartido entre José Luis Ábalos y Koldo García.
El papel de Leire Díez
Por su parte, Leire Díez, exmilitante socialista y natural de Cantabria, figura como imputada en otras causas judiciales, entre ellas la que instruye el magistrado Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid. En ese procedimiento se la investiga por cohecho y tráfico de influencias, acusada de ofrecer favores e información privilegiada para interferir en causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Díez declaró el pasado 11 de noviembre, cuando el juez la señaló como presunta líder de una “actuación delictiva coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. El objetivo, según el instructor, habría sido obtener información sensible para favorecer a implicados en investigaciones sobre corrupción política y empresarial.
Antes de verse envuelta en estos procesos, Díez desarrolló parte de su carrera en empresas públicas. Se incorporó en 2018 a Enusa, filial de la SEPI responsable de la gestión del combustible nuclear, como técnico de Comunicación. Posteriormente trabajó brevemente en la propia SEPI, bajo la presidencia de Fernández, y más tarde ejerció como directora de Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2023.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la relación profesional entre Fernández y Díez durante su etapa en Enusa y la SEPI pudo derivar con el tiempo en una colaboración activa dentro de la trama de amaños que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Investigación de largo recorrido
La operación que condujo a ambas detenciones venía desarrollándose desde hace meses como una rama derivada del ‘caso Koldo’, aunque los investigadores sostienen que parte de los hechos son anteriores a la pandemia. Bajo la dirección del teniente Antonio Balas, la UCO ha cruzado datos fiscales, registros bancarios y documentación interna de Servinabar para determinar el flujo de dinero y su posible uso para financiar de forma ilegal determinadas adjudicaciones de obras públicas.
El ex presidente de la SEPI y la exmilitante socialista permanecen por ahora bajo investigación judicial, sin que se hayan concretado las medidas cautelares. La causa, declarada secreta, sigue abierta y podría ampliarse con nuevas detenciones y cargos en los próximos días.
Contexto y repercusiones políticas
Las detenciones llegan apenas cuatro meses después de que el Senado citara a Vicente Fernández en la comisión de investigación del caso Koldo, a la que se acogió a su derecho a no declarar. También había sido interrogado sobre su vinculación con Servinabar y su relación con Díez y Cerdán.
Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que esta nueva línea de investigación de la Audiencia Nacional profundiza en la red de relaciones entre las empresas públicas y privadas vinculadas al entorno socialista, y podría arrojar luz sobre la estructura financiera de la trama destapada en el caso Koldo.
Mientras tanto, ambas detenciones reabren el debate sobre los controles en las contrataciones públicas y la posible influencia política en las adjudicaciones gestionadas desde las sociedades estatales. Ninguno de los implicados ha prestado todavía declaración ante el juez.
