Este viernes, a las 10:00 horas, se celebra en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander el acto de conciliación entre Miguel Ángel Revilla y Juan Carlos I. El encuentro judicial tiene lugar tras la demanda presentada por el rey emérito, que reclama al expresidente cántabro una indemnización de 50.000 euros por supuestas expresiones “injuriosas y calumniosas” vertidas en medios de comunicación desde mayo de 2022 hasta enero de 2025. No obstante, ambos protagonistas han optado por no coincidir en persona en sede judicial.
Aunque el acto permite que las partes comparezcan a través de representantes, Revilla había emplazado públicamente al monarca a “dar la cara”. Finalmente, Juan Carlos I ha declinado acudir al juzgado, pese a encontrarse en España desde principios de semana participando en regatas en Sanxenxo (Pontevedra). “Hace mucho que no voy a Santander”, dijo a los medios tras ser visto en una marisquería en O Grove. En su lugar, estará representado por su abogada, Guadalupe Sánchez, y un procurador.
Las posiciones de las partes
Revilla, en cambio, ha optado por acudir personalmente al juzgado, acompañado por su abogado, el penalista catalán y afiliado al PRC José María Fuster-Fabra, con experiencia en causas de terrorismo y defensa de cuerpos policiales. El líder regionalista ya expresó su indignación ante lo que considera una demanda “injusta y mezquina” de alguien “inviolable” frente a un “ciudadano de a pie”. “Mi libro es duro, pero creo que se lo merece”, dijo Revilla en referencia a las críticas que ha expresado en medios y publicaciones.
Por su parte, la defensa del rey emérito considera que Revilla ha vulnerado el derecho al honor protegido por el artículo 18.1 de la Constitución, con expresiones que califica de “difamantes y oprobiosas”, como “evasor”, “apátrida fiscal” o “corrupto”. La abogada Sánchez no ha especificado qué declaraciones concretas sustentan la querella, aunque el historial de manifestaciones polémicas del cántabro sobre el exjefe del Estado es extenso.
El proceso judicial
Regulado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el acto de conciliación se celebra con la presencia de la letrada de la Administración de Justicia. Es un paso previo obligatorio antes de presentar una demanda civil formal. Si no hay acuerdo —como se prevé—, se dejará constancia de la falta de avenencia y se archivarán las actuaciones, dejando la puerta abierta a un procedimiento judicial.
Dado que Juan Carlos I reside en el extranjero, el eventual juicio se celebraría en Madrid, lugar donde se considera que se produjeron los hechos. El emérito exige una rectificación pública y que la indemnización, si se dicta a su favor, sea donada íntegramente a Cáritas España.
Contexto político y mediático
El enfrentamiento judicial entre ambos “eméritos” —el del trono y el del gobierno autonómico— tiene lugar en plena sucesión del liderazgo del PRC, que celebra este domingo un congreso extraordinario. La cita judicial ha captado gran atención mediática por su carácter insólito y por la confrontación entre dos figuras públicas tan distintas como polémicas.
Mientras Revilla sigue defendiendo la libertad de expresión como parte de su estilo directo, la defensa del rey emérito insiste en proteger su honor, aunque se trate de un personaje históricamente blindado por la inviolabilidad constitucional. El litigio, en definitiva, enfrenta el derecho al honor con la libertad de opinión y promete prolongarse más allá del intento de conciliación fallido.
