La Fiscalía de Menores de Cantabria ha iniciado una investigación contra cuatro alumnos del IES Leonardo Torres Quevedo de Santander, denunciados por la agresión a un compañero con parálisis cerebral. El caso, que ha generado gran conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad cántabra, se encuentra en fase de investigación tras la denuncia interpuesta por la familia de la víctima.
Los hechos
El incidente tuvo lugar hace dos semanas, pero no trascendió públicamente hasta este miércoles. Según las primeras informaciones, el grupo de estudiantes increpó y agredió al menor, que se desplaza en silla de ruedas, dentro del recinto educativo. Ante la gravedad del suceso, la Consejería de Educación del Gobierno regional activó el protocolo de acoso escolar, mientras que el instituto inició un procedimiento disciplinario contra los implicados.
Como medida inmediata, los agresores fueron expulsados del centro por cinco días, el máximo permitido por la normativa vigente en estos casos. No obstante, tras la apertura de la vía penal, el procedimiento interno ha quedado paralizado hasta que se resuelva la investigación judicial.
Medidas de protección para la víctima
Desde el instituto y la Consejería de Educación han implementado medidas de apoyo y protección para la víctima, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar emocional. Entre ellas, se ha reforzado la supervisión del entorno escolar para evitar el contacto entre el menor agredido y sus agresores, además de asignarle un acompañamiento durante la jornada lectiva. Asimismo, se ha puesto en marcha un seguimiento personalizado para evaluar su estado emocional y prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad.
La Consejería también ha anunciado que investigará si el alumno había sido objeto de acoso anteriormente en el centro. En este sentido, el consejero del área, Sergio Silva, ha subrayado que el caso se encuentra en «supervisión permanente» para determinar si existían antecedentes de hostigamiento contra la víctima.
Reacciones y condenas
El caso ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad educativa y diversos colectivos. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto ha condenado enérgicamente la agresión y ha apelado a la calma y la responsabilidad en el tratamiento del caso. Mientras tanto, un grupo de estudiantes del centro ha exigido sanciones más contundentes y ha propuesto la organización de movilizaciones para reclamar la expulsión definitiva de los agresores.
Por su parte, la Asociación Tolerancia 0 al Bullying ha ofrecido apoyo psicológico y asesoramiento legal a la familia del menor, calificando el episodio como «muy grave» y reclamando una «sanción ejemplarizante» para evitar que casos similares vuelvan a repetirse en las aulas.
En la misma línea, la Confederación ASPACE, que representa a personas con parálisis cerebral, ha expresado su solidaridad con la víctima y su familia, recordando la necesidad de fomentar entornos educativos «seguros, inclusivos y respetuosos» para las personas con discapacidad.
Investigación en curso
Con la apertura de diligencias, la Fiscalía analizará los testimonios y pruebas recabadas para determinar la responsabilidad de los menores denunciados y, en su caso, aplicar las medidas correspondientes en el marco de la Ley del Menor. Mientras tanto, la comunidad educativa y diversas asociaciones continúan pendientes de la evolución del caso, que ha reabierto el debate sobre el acoso escolar y la protección de los alumnos más vulnerables en los centros educativos de Cantabria.
