El Parlamento de Cantabria ha elegido a los diputados Miguel Ángel Vargas (PP), Paula Fernández (PRC) y Raúl Pesquera (PSOE) como representantes para defender en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que plantea la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta iniciativa tiene como principal objetivo equiparar la clasificación profesional de los trabajadores de Enfermería y Fisioterapia, al tiempo que busca mejorar las condiciones laborales de los médicos.
Los tres diputados fueron seleccionados en una votación secreta celebrada durante el pleno de este lunes, tras ser propuestos por sus respectivos grupos parlamentarios. Vox, por su parte, no presentó ningún candidato, por lo que los elegidos corresponden únicamente al PP, PRC y PSOE. Este procedimiento responde al reglamento del Parlamento de Cantabria, que establece que la designación de los representantes debe realizarse en el pleno posterior a la aprobación del dictamen de la proposición de ley. La propuesta fue respaldada por unanimidad el pasado 18 de noviembre por todos los grupos parlamentarios y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio.
Además de esta importante designación, el pleno del Parlamento abordó otras cuestiones de interés público. Entre ellas, PRC, PSOE y Vox presentaron y aprobaron dos proposiciones no de ley (PNL) que instan al Gobierno autonómico a reforzar las plantillas de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en toda la región y a recuperar servicios sanitarios específicos en la comarca de Campoo. Ambas iniciativas contaron con la abstención del PP y el voto en contra del diputado no adscrito en el caso de la PNL sobre Campoo. Estas medidas reflejan la preocupación por la dotación de recursos en la atención primaria y la necesidad de garantizar servicios adecuados en las zonas rurales de Cantabria.
Otro tema destacado fue la aprobación de una moción presentada por el PSOE, que solicita la tramitación anticipada de las ayudas destinadas a las casas regionales de Cantabria para el próximo año. Esta iniciativa contó con el respaldo de los principales grupos parlamentarios, incluyendo enmiendas introducidas por el PP y el PRC. También se aprobó una moción del PRC que insta al Ejecutivo regional a adelantar hasta el 70% de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) antes del 30 de noviembre, incrementando el porcentaje al 90% antes de finalizar el año.
En el apartado de interpelaciones y preguntas, Vox y PSOE plantearon dudas al Ejecutivo sobre la gestión de las instalaciones hosteleras en Alto Campoo y el impacto en la competitividad de las empresas cántabras. Por otro lado, el PRC solicitó detalles sobre el desarrollo de proyectos eólicos terrestres en la comarca oriental, específicamente sobre el parque eólico Corus de 66 MW y su infraestructura de evacuación. Los regionalistas también abordaron la regla de gasto prevista para 2025 y el estado del CEIP de Valdáliga tras el reciente derrumbe de un techo.
La sesión concluyó con la intervención del grupo socialista, que formuló preguntas sobre el transporte sanitario y las infraestructuras educativas, y de Vox, que solicitó información sobre el Plan Director de Suelo Industrial. En conjunto, el pleno reflejó una jornada de trabajo diversa, centrada tanto en medidas urgentes como en temas estratégicos para el desarrollo de Cantabria.
