El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, iniciará una campaña de inspección para detectar y sancionar a aquellos propietarios que hacen un mal uso de viviendas de protección oficial (VPO).
Así lo ha anunciado el titular del área, Roberto Media, tras las denuncias recibidas en la Dirección General de Vivienda en las que se alerta del uso de este tipo de viviendas protegidas para alquilarlas ilegalmente, sin la preceptiva autorización de la administración, o, incluso, para destinarlas como pisos turísticos.
«Las viviendas de protección oficial están destinadas a personas con pocos recursos y en ningún caso podemos permitir desde la Administración que se haga negocio con ellas», ha asegurado el consejero, al tiempo que ha anunciado «sanciones graves» para acabar con estas prácticas.
En concreto, Media ha explicado que la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria recoge en estos casos multas de entre 3.001 y 15.000 euros. Además, en caso de utilizarlas como viviendas turísticas, supondrá el incumplimiento normativo en materia turística y puede acarrear sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros que, acumuladas a las anteriores, las multas oscilarían entre los 9.000 y los 45.000 euros.
«Vamos a ser muy beligerantes con estas prácticas y no vamos a permitir que inmuebles construidos con fondos públicos se utilicen de forma ilícita», ha insistido el consejero, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de los propietarios «para que recapaciten» acerca de lo que supone estar en posesión de una vivienda protegida en un momento donde apenas hay oferta de alquiler o venta a precios asequibles.
Coordinación con Turismo
Será la propia Dirección General de Vivienda y Arquitectura la que se encargue de llevar a cabo esta campaña de inspección y apertura de expedientes sancionadores en todas aquellas viviendas protegidas de la Comunidad donde se estén realizando actividades prohibidas por la legislación.
Además, el titular de Vivienda ha explicado que su departamento se coordinará con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para detectar cualquier actividad ilegal apoyándose en la captación de información de los portales web de comercialización, las visitas in situ de las viviendas o la recopilación de diferentes pruebas.
Durante su intervención, acompañado por el director general de Vivienda, Carlos Montes, el consejero ha recordado «la estratégica» política en materia de Vivienda que el Gobierno de Cantabria ha comenzado a impulsar en esta legislatura, y ha hecho referencia a la puesta en marcha de las tres primeras promociones de VPO que se están ejecutando en Santillana del Mar, Orejo y Reinosa, incluidas dentro de las 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler que el Ejecutivo construirá «de forma inmediata».
Respecto a la problemática de la ocupación, el consejero ha vuelto a insistir en la necesidad de «dar seguridad jurídica a los propietarios» a través de cambios en el código penal y en la ley nacional de Vivienda que facilite la salida al mercado de inmuebles que ahora están vacíos, «unos 50.000 en Cantabria», ha destacado Media.
En este sentido, el consejero ha criticado las políticas de vivienda impulsadas desde Madrid por Pedro Sánchez «que no funcionan y que son equivocadas», y ha manifestado que el Gobierno de Cantabria «irá en dirección contraria» para no acabar como Barcelona «donde acceder a una vivienda resulta imposible».
Por último, Media se ha referido al aumento del límite máximo para acceder a las ayudas del alquiler, que se incrementará de los 500 a los 700 euros, y que su departamento materializará en las próximas semanas, o al cambio del módulo de VPO que ha incentivado la construcción de viviendas de protección oficial desde el ámbito privado «por primera vez en muchos años».
