El titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, ha comenzado la ronda de declaraciones de investigados y testigos en relación con el ‘caso Gesvicán’, una pieza separada surgida del ‘caso Obras Públicas’ tal y como ha informado El Diario Montañes. En esta investigación se busca determinar si se han cometido delitos de fraude en la contratación pública y cohecho en la empresa pública del Gobierno de Cantabria.
En el marco de este caso, actualmente hay cuatro personas bajo investigación. Dos de ellas son técnicos de Gesvicán (Gestión de Viviendas en Cantabria), mientras que las otras dos son gerentes de empresas que podrían haberse beneficiado al obtener la adjudicación de varias obras a través de la intervención de los primeros. Según la información recopilada por El Diario Montañés, la pesquisa se centra en presuntas irregularidades o manipulaciones en alrededor de veinte proyectos relacionados con carreteras en Cantabria.
La participación de los técnicos de Gesvicán ha sido objeto de interés en esta investigación. El Gobierno de Cantabria desviaba múltiples licitaciones a estos empleados (quienes son personal laboral) para que evaluaran las ofertas presentadas. Su función era evaluar cada oferta otorgando una puntuación en función de criterios técnicos, excluyendo los aspectos económicos. Posteriormente, remitían esta evaluación al jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas, quien a su vez realizaba su propia valoración y la presentaba a la mesa de contratación, encargada de otorgar finalmente la obra. Estas evaluaciones afectaban a proyectos relacionados con la mejora de carreteras o la construcción de nuevas vías.












