El Gobierno de Cantabria ha impugnado la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, en aplicación de la nueva normativa sobre Costas, reduce de 75 a 5 años el plazo de las concesiones de terrenos en el dominio público marítimo-terrestre existentes antes de la última modificación legislativa en materia de Costas.
En la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana, se respaldó esta medida tomada por el Ejecutivo de Buruaga, cumpliendo así el compromiso que la presidenta había asumido con los afectados por este cambio normativo, asegurándoles su apoyo tanto en el ámbito humano como jurídico para proteger sus derechos frente a la resolución ministerial que, de manera arbitraria, pone en riesgo las explotaciones agropecuarias de pequeña escala, pero de gran importancia para la economía local y sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Con este paso previo antes de recurrir a la vía contencioso-administrativa, el Gobierno respalda las demandas de la Junta Vecinal de Carasa, el Ayuntamiento de Voto y los 50 propietarios de 11 explotaciones ganaderas afectadas por la resolución del Ministerio, dirigido por Teresa Ribera. Según José Luis Thomas, presidente de los afectados por la ley de Costas y la Sociedad de las Marismas de Carasa, esta medida es considerada «una injusticia» y viola el principio de igualdad de trato en comparación con otros concesionarios, tanto en Cantabria como en el resto del país, a quienes se les ha otorgado una prórroga de 75 años, como era habitual hasta la modificación de la ley de Costas.
Jesús San Emeterio, presidente de la Junta Vecinal de Carasa, también ha destacado el apoyo sin precedentes del Gobierno para intentar revertir esta decisión del Ministerio.
El Gobierno central tiene un plazo de un mes para responder a este paso previo al procedimiento contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Cantabria contra la resolución que cambia el criterio de duración de las prórrogas de las concesiones preexistentes, reduciendo el plazo de 75 años a 5 años, renovables hasta un máximo de 15 años.
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