La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, integrada por los sindicatos TU, CCOO, SIEP, CSIF y UGT, ha hecho pública su denuncia sobre la grave situación de obsolescencia en la organización del empleo público autonómico. Los representantes sindicales critican que las fichas descriptivas de los puestos de trabajo, en su mayoría sin actualizar desde 1989, no reflejan las funciones reales que desarrollan los funcionarios, generando disfunciones estructurales en la Administración.
Desfase entre funciones definidas y tareas efectivas
Esta problemática provoca que los trabajadores asuman diariamente competencias que exceden o difieren sustancialmente de las recogidas en documentos desfasados hace casi cuatro décadas. Los sindicatos advierten que una aplicación estricta de dichas fichas originaría una paralización operativa grave, comprometiendo el normal desarrollo de los servicios públicos esenciales. La falta de correspondencia entre normativa interna y realidad laboral expone a los funcionarios a riesgos jurídicos derivados de la indefinición de sus responsabilidades específicas.
La denuncia subraya la magnitud del problema al recordar que en 2016 el propio Gobierno adjudicó un contrato a una empresa privada para analizar y modernizar estas fichas de puestos. A pesar de ello, transcurridos diez años, ni los sindicatos han accedido al contenido contractual ni a los informes generados, pese a sus solicitudes reiteradas. Esta opacidad agrava la percepción de desidia institucional en un ámbito tan crítico como la ordenación del empleo público.
Inacción de la Mesa Técnica y silencio administrativo
En respuesta a esta situación, se constituyó la Mesa Técnica de Fichas de Puestos como foro paritario para abordar la cuestión de manera dialogada. Sin embargo, las insistentes peticiones sindicales para su convocatoria han sido sistemáticamente ignoradas por la Administración. Todas las reclamaciones han sido elevadas formalmente a la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, sin obtener contestación alguna hasta la fecha.
Paralelamente, la Junta de Personal ha trasladado el problema a la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en su condición de máxima responsable de la gestión funcionarial. La ausencia de respuesta por parte de ambos niveles jerárquicos refuerza la acusación de falta de transparencia y abandono deliberado de competencias básicas en materia de recursos humanos. Los sindicatos califican esta actitud como incompatible con los discursos oficiales sobre modernización administrativa.
Consecuencias prácticas en procesos selectivos y provisión de puestos
Como ejemplo paradigmático, la Junta cita el caso del Cuerpo General Auxiliar de nuevo ingreso, cuyo proceso selectivo concluyó en enero de 2025 con 75 aspirantes aprobados. A día de hoy, transcurridos quince meses, estos funcionarios electos aguardan sin fecha su toma de posesión, directamente atribuida a la falta de actualización de las fichas que impide determinar plazas disponibles y funciones concretas.
Esta rigidez estructural obstaculiza también la implantación del concurso abierto y permanente como sistema ordinario de provisión de puestos, limitando su desarrollo en favor de comisiones de servicio que los sindicatos perciben como designaciones discrecionales encubiertas. Tal situación vulnera principios constitucionales como la igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, además de generar inseguridad jurídica generalizada para el colectivo funcionarial.
Exigencias sindicales y contexto de modernización fallida
Ante este panorama, la Junta de Personal reclama de forma inmediata la actualización integral de las fichas de puestos de trabajo, la convocatoria urgente de la Mesa Técnica correspondiente y el acceso completo a la documentación del contrato de 2016. Estas medidas se consideran indispensables para garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios y la eficacia del servicio público en Cantabria.
La denuncia se produce en un momento de contradicción aparente entre las declaraciones institucionales sobre simplificación administrativa y la realidad operativa de la Administración autonómica. Los sindicatos cuestionan la credibilidad de tales compromisos mientras persista esta anomalía estructural que data de los albores de la Comunidad Autónoma y que compromete su capacidad de respuesta ante los ciudadanos.
