El sistema de justicia de Cantabria cerró el año 2025 con un saldo de 2.488 denuncias por violencia de género tramitadas en las secciones especializadas de violencia sobre la mujer, 29 más que en 2024, lo que supone un incremento del 1,2% respecto al ejercicio anterior. Esas cifras sitúan la media regional en algo más de seis denuncias diarias, un ritmo que se mantiene ligeramente por encima del registrado el año previo y refleja la consolidación de la denuncia como vía preferente para hacer frente a la violencia machista en el ámbito privado.
En el conjunto de esas denuncias figuran 2.246 mujeres reconocidas como víctimas, un 10,5% más que en 2024, cuando el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género contabilizó 2.033 víctimas. Esta subida se registra en un contexto en el que el número de denuncias apenas crece, lo que lleva a interpretar que, aunque no se dispare el número de casos que llegan a los juzgados, sí aumenta la intensidad y la gravedad de las situaciones, al aparecer más mujeres identificadas como víctimas en un mismo entorno de denuncia.
A escala nacional, el incremento de las denuncias es algo más acusado, con un crecimiento del 2,64% en 2025, al pasar de 200.000 a 204.342 presentadas en el conjunto del Estado, mientras que el número de mujeres víctimas se eleva un 0,7%, hasta 185.188. En este marco, la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres en Cantabria se sitúa en 73,4, una cifra por debajo de la media nacional, que se fija en 74, y que sitúa a la comunidad cántabra entre las regiones con menor incidencia relativa en este tipo de delitos.
En el plano territorial, las comunidades con tasas más altas son Baleares (115,8 por cada 10.000 mujeres), Navarra (100,3), Comunidad Valenciana (92,7) y Canarias (90,3), mientras que las que registran menores ratios se encuentran en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8) y La Rioja (55,8). Esta diferencia entre regiones apunta a distintos niveles de penetración social del problema, de acceso a la denuncia y de respuesta institucional, más que a una distribución homogénea de la violencia de género en todo el territorio.
En el interior de la propia Comunidad, el análisis de las 2.246 mujeres victimizadas muestra que 1.378 son españolas mayores de edad, una es española menor de edad y 868 son extranjeras mayores de edad, lo que sitúa a las mujeres extranjeras como un tercio del total de víctimas. Esta composición demográfica subraya cómo la violencia de género se despliega también en entornos de migración y precariedad, con relatos de dependencia económica, escaso arraigo social y barreras de lenguaje que pueden dificultar la denuncia y el acceso a recursos de protección.
De las 2.488 denuncias, el 66,3% son interpuestas directamente por la propia víctima, un porcentaje que se mantiene en la línea de años anteriores y que refleja la creciente normalización de la denuncia como respuesta a la agresión. El 23,7% llega a los órganos judiciales por intervención policial, el 5,4% procede de un parte de lesiones remitido al tribunal, el 3,5% se inicia por servicios asistenciales o terceros en general y el 1,2% se tramita por familiares de la mujer, lo que indica que parte importante de los casos se detecta desde servicios externos antes de que la víctima actúe por sí sola.
En el seno de esas denuncias se solicitaron 433 órdenes de protección, medida jurídica de carácter inmediato destinada a garantizar la seguridad de la mujer y, en su caso, de sus hijos, y que responde a la existencia de un riesgo cierto de agresión física o psicológica. De ese total, los jueces de violencia sobre la mujer acordaron 280 órdenes, lo que equivale al 65% de las pedidas, mientras que el 35% restante quedaron sin conceder o se resolvieron por otros medios. En el plano nacional, el porcentaje de órdenes de protección adoptadas frente a las solicitadas se sitúa en el 67%, ligeramente por encima de la cifra cántabra.
Los titulares de las plazas de instrucción en funciones de guardia, que atienden los casos de violencia de género por las tardes y fines de semana cuando la sección especializada no mantiene audiencia, tramitaron 123 órdenes de protección, de las cuales 93 fueron acordadas, un 75,6% del total. Esas cifras muestran que, aun en horarios de máxima presión institucional, los órganos judiciales mantienen niveles altos de respuesta, aunque el margen de denegación evidencia que no todas las solicitudes cumplen los requisitos legales al momento de la valoración.
En paralelo, 338 mujeres se acogieron en 2025 a la dispensa de la obligación de prestar declaración contra el denunciado en el juzgado de violencia, lo que supone un 55% más que las 218 mujeres que optaron por esa figura un año antes. En términos relativos, se traduce en algo más de una de cada cinco víctimas que deciden no acudir a declarar como testigo en el juicio, aunque el Informe del Observatorio destaca que, a nivel estatal, esa cifra se sitúa en 11,3 de cada cien mujeres, un punto menos que en Cantabria.
Entre las medidas judiciales de protección adoptadas, destacan aquellas orientadas a la tutela de los menores, en un contexto en el que la violencia de género se proyecta de forma directa sobre la esfera de los hijos. Así, se acordó la suspensión de la guarda y custodia en 30 ocasiones, la suspensión del régimen de visitas en 22 y la suspensión de la patria potestad en tres, decisiones que buscan romper el vínculo de presencia y control del agresor cuando se considera que su mantenimiento resulta contrario al interés superior del menor.
Asimismo, se adoptaron 30 medidas sobre la prestación de alimentos y 26 sobre la atribución de la vivienda, ambas en el plano civil, lo que subraya la combinación de tutela penal y protección económica y residencial en los expedientes de violencia de género. En el ámbito penal, las medidas más frecuentes fueron la prohibición de comunicación con la víctima (263), el alejamiento de ella (248), la suspensión de la tenencia y uso de armas (147) y la prohibición de regresar al lugar de los hechos (33), así como la salida del domicilio compartido en cinco ocasiones y la privación de libertad en tres.
El análisis de la relación entre la víctima y el denunciado revela que, en aproximadamente la mitad de los casos, la agresión se produce en el contexto de una relación afectiva rota, mientras que en algo menos de un tercio el vínculo romántico se mantiene en pie al momento de los hechos. El 12,93% de los expedientes se refiere a parejas casadas y el 9,47% a ex cónyuges, lo que evidencia que la violencia de género no se limita a la convivencia estable, sino que se extiende también al periodo posterior a la ruptura, cuando la pérdida de control hace más gravoso para el agresor aceptar la separación.
En cuanto a la tipificación, la mayoría de las denuncias encajan en el artículo 153 del Código Penal, que contempla una conducta que no causa lesiones graves o que se limita a requerir una primera asistencia médica y que se sanciona con penas de seis meses a un año de prisión. Otro bloque importante de expedientes se encuadra en el artículo 173, que castiga la actitud persistente generadora de un clima de pánico en el entorno familiar, con penas de seis meses a tres años de cárcel.
A lo largo de 2025, las secciones de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 2.567 asuntos penales, de los que 873 se tramitaron mediante juicio rápido, 97 correspondieron a delitos leves, dos se elevaron a sumario y uno fue objeto de juicio por jurado. El resto se instruyó por diligencias previas o procedimiento abreviado, las vías procesales más habituales en el ámbito de la justicia penal.
En el plano de la responsabilidad penal, el informe del Observatorio refleja que en 2025 fueron enjuiciados en Cantabria 802 hombres, de los que 687 obtuvieron sentencia condenatoria, un 85,7% del total. En las secciones de violencia sobre la mujer, que se encargan de instruir todas las causas y de celebrar juicio por delitos leves, se enjuiciaron a 424 hombres y se dictaron 414 condenas, lo que supone un índice del 97,6%. En el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander, órgano competente en los delitos de violencia sobre la mujer menos graves, se celebraron 374 juicios y se dictaron 269 condenas, el 71,9% de los casos.
En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, dedicada a los delitos más graves de violencia sobre la mujer, se celebraron cuatro juicios y se dictaron cuatro condenas, mientras que el Juzgado de Menores de Santander enjuició a dos menores de edad y en ambos casos se impusieron medidas de protección. Esas cifras reflejan un elevado grado de responsabilidad penal reconocida en el ámbito de la justicia de lo penal, con índices de condena que se sitúan por encima de la media nacional en el conjunto de los órganos especializados.
En el ámbito de la terminación de los procedimientos, el 23,8% de los asuntos concluyó con sentencia condenatoria en el propio órgano, ya sea por delito leve o porque el acusado se conformó con la pena solicitada por la Fiscalía, mientras que el 0,6% se cerró con sentencia absolutoria en casos leves. El 45,7% de los procedimientos finalizó en sobreseimiento, en su mayoría provisional, lo que responde, en muchos casos, a la decisión de la denunciante de acogerse a la dispensa de la obligación de declarar y a la ausencia de otros elementos probatorios.
En todo este entramado procesal, el 33,7% de las denuncias llegan al juzgado por vías ajenas a la propia víctima, bien por intervención policial, por parte de lesiones, por servicios asistenciales o terceros o por familiares, lo que pone en evidencia la importancia de la red de vigilancia social y de protección institucional en la detección de casos de violencia de género.
En un tono propio de una crónica jurídica, el balance de 2025 dibuja una realidad compleja: la denuncia sigue siendo el principal canal de acceso a la justicia, pero no todas las denuncias prosperan en términos de condena o de medidas de protección completa. La cifra de 2.246 mujeres víctimas, el incremento de las órdenes de protección y la elevada proporción de condenas indican que la justicia cántabra responde con firmeza cuando los datos probatorios se avienen al estándar exigido por la ley, pero también dejan traslucir a las mujeres que siguen quedándose en el umbral del silencio, del miedo o de la incapacidad de sostener un proceso hasta el final.
Los datos estadísticos completos relativos a Violencia sobre la Mujer en Cantabria correspondientes al año 2025 pueden consultarse en el portal del Consejo General del Poder Judicial, donde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publica sus informes y fichas resumen.
