El Gobierno de Cantabria ha mostrado su firme oposición al reparto de menores extranjeros no acompañados aprobado por el Ejecutivo central, que asigna a la comunidad un total de 194 plazas. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), ha calificado la cifra de “arbitraria” y ha denunciado que se trata de una decisión “unilateral” adoptada “sin diálogo previo” y “a espaldas” de las autonomías, con la excepción —ha remarcado— de Cataluña y el País Vasco, que han quedado al margen del proceso.
“Esta forma de proceder es inaceptable”, ha señalado Gómez del Río en declaraciones difundidas a los medios. “La protección de estos menores no puede abordarse si se les trata como si fueran mercancía. No se trata de acumularlos o apilarlos en edificios, sino de garantizar un acompañamiento real y digno”.
La consejera ha cuestionado la metodología empleada por el Gobierno de España para fijar la capacidad de acogida. Según la ratio establecida por el Ministerio, de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, en el caso de Cantabria se traduce en esas 194. Sin embargo, Gómez del Río ha subrayado que el sistema de protección autonómico dispone en total de 220 plazas, lo que dejaría apenas 26 disponibles para otros menores en situación de desamparo. “Nadie nos ha explicado cómo se ha calculado esa cifra ni qué criterios se han tenido en cuenta”, ha reprochado.
Desde el Ejecutivo cántabro insisten en que la comunidad ha mostrado siempre disposición a colaborar con el resto de territorios en materia de acogida, pero rechazan lo que consideran una imposición encubierta. “Una cosa es la solidaridad, que Cantabria siempre ha practicado, y otra muy distinta es la imposición, que rompe el principio de corresponsabilidad y dificulta una planificación seria”, ha defendido la titular de Inclusión.
Gómez del Río ha lamentado lo que considera una política marcada por la “improvisación, la falta de diálogo y de planificación” y ha advertido de que esta estrategia “no garantiza en absoluto la protección de los menores”. A su juicio, el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez “responde más a una urgencia administrativa que a una verdadera preocupación por el bienestar de estos jóvenes”.
El Gobierno regional, presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP), reclama que se paralice de inmediato el traslado de menores entre comunidades, al entender que se trata de un “reparto forzoso” que, según sus palabras, “ignora la capacidad real de cada territorio y genera tensiones innecesarias en los sistemas de protección autonómicos”.
“Queremos garantizar la protección de estos menores, pero no desde la improvisación ni desde decisiones impuestas que desatienden el interés superior de la infancia”, ha concluido la consejera.
