La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado que acatará el requerimiento de la Fiscalía para eliminar los últimos vestigios franquistas del callejero, pero ha cargado contra lo que considera un proceso «traumático» para los ciudadanos. «No hay rebeldía, sino prudencia para no generar trámites innecesarios a los vecinos», ha defendido tras conocerse el escrito que le da 30 días para actuar.
El fiscal de Memoria Histórica de Cantabria, Carlos Yáñez, acusa al Consistorio de mantener «consciente y deliberadamente» 18 denominaciones contrarias a la ley, pese a que el pleno municipal aprobó su retirada hace una década. El documento, recibido esta mañana por el Ayuntamiento, amenaza con acciones judiciales y sanciones si no se actúa antes del 27 de junio.
Un pulso jurídico y político
Igual ha mostrado su «sorpresa» por lo que califica como un caso «sin precedentes en España», aunque ha prometido estudiar el requerimiento «con máxima colaboración». La regidora ha recordado que ya se han eliminado 12 calles, la estatua de Franco y cuatro monumentos, pero siempre de forma «gradual» -ligándolo a obras urbanas- para minimizar molestias.
Entre los cambios pendientes figuran vías dedicadas a José Antonio Primo de Rivera o Javier Martínez de Bedoya, cuya modificación obligaría a miles de residentes a actualizar documentos como el DNI o las escrituras de propiedades. «¿Es prioritario que una abuela de 80 años cambie su padrón?», ha cuestionado.
La batalla ideológica
Más allá del debate jurídico, la alcaldesa ha lanzado un mensaje conciliador: «Santander necesita mirar al futuro, no reabrir heridas que muchos ni vivieron». Ha citado el caso de Madrid, donde tribunales revocaron algunos cambios de calle, para subrayar la «confusión» normativa.
Pese a todo, ha reiterado que «cumplirá la ley», aunque ha insistido en que la memoria histórica «no es un tema de consenso». Mientras, colectivos como Caminar sobre lo innombrable denuncian que las referencias franquistas en Santander han aumentado de 19 a 30 desde 2015.
