Izquierda Unida (IU) ha denunciado posibles irregularidades en los contratos que el Ayuntamiento de Santander mantiene con la empresa Limpiezas Garayalde para la prestación de servicios de limpieza en colegios, centros municipales e instalaciones deportivas. Según el concejal de la formación, Keruin Martínez, en los últimos meses han recibido múltiples quejas de usuarios, trabajadores y personal de los centros afectados, que apuntan a incumplimientos en las condiciones establecidas en los pliegos de contratación.
«Estos tres contratos, que suman más de 11 millones de euros, están actualmente en periodo de prórroga y pronto deberán ser relanzados. Es el momento de que el equipo de gobierno del PP investigue estas denuncias y realice una auditoría completa», ha señalado Martínez. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran problemas con las condiciones laborales de los empleados, la falta de regularidad en los horarios de limpieza, especialmente en periodos no lectivos en los colegios, y el uso de productos de limpieza que no cumplen con lo establecido en los contratos.
El edil de IU ha criticado que esta situación es «una tónica habitual en los servicios privatizados» del Ayuntamiento de Santander. «Cada vez se externalizan más servicios, el presupuesto destinado a la privatización aumenta año tras año, y no hay un control riguroso sobre el cumplimiento de las empresas contratadas», ha denunciado. Además, ha subrayado que esta falta de supervisión no solo degrada la calidad de los servicios, sino que también precariza las condiciones laborales de los trabajadores.
Martínez ha recordado que esta problemática no se limita al servicio de limpieza, sino que afecta a otros sectores como el de ayuda a mujeres maltratadas, diálisis, parques y jardines, o transporte sanitario. «Es un patrón común en todos los servicios externalizados: los trabajadores sufren condiciones laborales cada vez más precarias», ha insistido.
Ante esta situación, Izquierda Unida exige al Ayuntamiento que tome medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de los contratos y mejore la supervisión de los servicios privatizados. «No podemos permitir que se siga degradando la calidad de los servicios públicos y que los trabajadores sigan sufriendo condiciones laborales injustas», ha concluido Martínez.
