El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha emitido un informe que reconoce como estratégico el proyecto de cogeneración de biomasa de la planta de Solvay en Torrelavega. Este paso resulta esencial para que la compañía pueda optar a los certificados de ahorro de emisiones de dióxido de carbono, un requisito indispensable para garantizar las inversiones necesarias en su instalación de Barreda.
La declaración responde a las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que, en una resolución del pasado 11 de diciembre, establece que proyectos como este deben contar con el reconocimiento de su relevancia estratégica por parte del organismo público competente, ya sea estatal o autonómico.
Certificados necesarios para avanzar en la inversión
El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha señalado que estos certificados, que incluyen un coeficiente multiplicador, son «urgentes» para que Solvay pueda comenzar las inversiones, previstas en unos 250 millones de euros. La compañía tiene el compromiso, dentro del PERTE concedido por el Gobierno central con una ayuda de más de 30 millones de euros, de que la nueva planta de cogeneración con biomasa, de 49,99 megavatios, esté operativa en el segundo trimestre de 2026.
“Este proyecto no solo reducirá el 60% del consumo de carbón en Cantabria, sino que disminuirá las emisiones de dióxido de carbono en 326.000 toneladas al año. Además, será la mayor instalación de cogeneración de biomasa de España, posicionando a Cantabria como referente en sostenibilidad y atracción de inversiones”, ha afirmado Arasti.
El consejero ha destacado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional y la propia empresa, que llevan meses trabajando en un grupo liderado por la Consejería de Industria para agilizar los trámites necesarios y garantizar que el proyecto pueda avanzar lo antes posible.
Proyectos estratégicos en Cantabria
El informe que avala el carácter estratégico de la planta de Solvay toma como base los criterios establecidos en la figura de «proyecto empresarial estratégico», que el Gobierno cántabro pretende incluir en la futura Ley de Simplificación Administrativa. Aunque la normativa aún está pendiente de aprobación, esta calificación permite avanzar en los trámites necesarios para que Solvay pueda recibir las ayudas sin demoras.
Esta nueva ley busca establecer un marco que simplifique y acelere la tramitación de aquellos proyectos empresariales con un alto impacto económico, social o territorial. Según ha explicado Arasti, este marco permitirá a Cantabria atraer más inversiones, generar empleo de calidad y garantizar que proyectos como el de Solvay puedan desarrollarse en plazos razonables.
Un paso clave para el futuro industrial de Cantabria
Con esta iniciativa, el Gobierno de Cantabria refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo y el impulso de proyectos industriales de gran envergadura que contribuyan a modernizar la región y reducir su impacto ambiental. Además, asegura el futuro de la planta de Solvay en Torrelavega, clave para la economía local y regional.
“Estamos hablando de un proyecto que no solo beneficia a Cantabria, sino que también tiene un impacto positivo a nivel nacional en términos de sostenibilidad, economía y empleo”, ha concluido Arasti.
