El consejero de Sanidad, César Pascual, ha ofrecido someter al próximo Pleno del Parlamento de Cantabria el acuerdo entre el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Idival) y la farmacéutica estadounidense Regeneron para el análisis genómico y proteómico de datos de la Cohorte de 51.000 voluntarios cántabros, con el fin de emitir un informe vinculante que defienda el empleo y la innovación regional. Pascual ha reconocido que el Gobierno regional eliminó la contraprestación económica inicialmente negociada por los directores de Idival y Cohorte, al considerarla «mal interpretada», aclarando que no se trata de una venta de datos sino del mero coste del envío de muestras biológicas a Estados Unidos, dada la incapacidad actual para procesamientos masivos de IA y big data con ordenadores cuánticos y personal especializado.
La interpelación del PRC, a cargo de Pedro Hernando, cuestionó la confidencialidad y condiciones del convenio, que involucra datos anonimizados de salud para desarrollar fármacos personalizados, posicionando a Cantabria en biotecnología con potencial de 500 empleos directos. Pascual descartó alternativas como ofertas chinas por motivos éticos y técnicos, y anunció conversaciones con el Instituto de Física de Cantabria (IFCA) para computación propia, además de formación en USA para investigadores locales. Hernando insistió en garantías para evitar cesión gratuita de un activo público valioso.
Además el pleno con el respaldo de PRC, PSOE y Vox y la abstención del Grupo Popular, aprobó una proposición no de ley impulsada por los regionalistas para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a implementar de manera inmediata medidas que mitiguen los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre la economía regional, las familias y el tejido productivo. La iniciativa responde al encarecimiento del carburante derivado del conflicto, que amenaza con repercutir en costes energéticos y de transporte en una Comunidad dependiente de sectores vulnerables como el agrario, pesquero y de transporte.
Entre las actuaciones específicas para el sector transporte, se reclama la concesión de ayudas directas por vehículo afectado y un complemento autonómico al gasóleo profesional, con el fin de compensar el sobrecoste en operaciones diarias de flotas y vehículos de carga. Para el ámbito pesquero, la propuesta incluye subvenciones directas por combustible y reducciones en las tasas portuarias, reconociendo la sensibilidad de esta industria ante las fluctuaciones en los suministros energéticos. En el sector agrario, se proponen ayudas específicas para el gasóleo agrícola, así como subvenciones destinadas a fertilizantes y piensos, elementos esenciales para mantener la rentabilidad en un momento de inflación de insumos.
De forma más transversal, el texto aprobado contempla bonificaciones para pymes y autónomos especialmente impactados, incluyendo compensaciones por el incremento en los costes energéticos y facilidades administrativas para acceder a liquidez. Para las familias cántabras, se prevén rebajas en el transporte público, la implantación de un bono energético autonómico y aplazamientos o quitas en tasas regionales que alivien la presión presupuestaria doméstica. Estas medidas buscan actuar en el ámbito competencial autonómico, complementando las iniciativas nacionales como el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno central.
El PP, que gobierna en minoría, optó por la abstención al considerar la propuesta «precipitada» e «irresponsable», argumentando que la magnitud de la crisis —potencialmente estructural— requiere un análisis sereno antes de actuar. Su portavoz, Alejandro Liz, defendió que se trata de un problema de escala nacional y europea, cuya respuesta principal debe provenir del Ejecutivo central y la UE, aunque garantizó que la «maquinaria autonómica» está preparada para complementar medidas estatales insuficientes. Liz criticó al PRC por no esperar al comité de coordinación de la crisis de Irán, creado por el Gobierno regional y reunido ese mismo día para evaluar impactos sectoriales.
El consejero de Industria, Eduardo Arasti, había presidido horas antes la segunda sesión de dicho comité, que analiza el alcance del conflicto, revisa el decreto nacional y propone mesas sectoriales para sumar acciones si proceden. Desde el PP se reprochó a la oposición —en especial al bipartito anterior PRC-PSOE— su lentitud en crisis previas como la de Ucrania, donde tardaron meses en reaccionar, y se pidió evitar «alarmismo y demagogia» en favor de una gestión responsable con el tejido productivo.
PRC y PSOE replicaron exigiendo decisiones rápidas: «Gobernar es decidir, no solo analizar», afirmó la socialista Paula Fernández, mientras la regionalista Ana Belén Álvarez ofreció «enseñar cómo se hace» y acusó al PP de jugar con «las cosas de comer». Vox respaldó la moción sin alinearse políticamente con el PRC, rechazando además enmiendas propias y del PP que incorporaban propuestas fiscales como la deflactación del IRPF o suspensiones de reglas fiscales estatales.
La votación se enmarcó en un Pleno que también aprobó por unanimidad el IVA franquiciado para autónomos, exención de cuotas de Seguridad Social en los primeros 60 días de IT, simplificación fiscal y garantías jurídicas para este colectivo. Asimismo, salió adelante con consenso el programa de becas de excelencia académica propuesto por el PRC. No prosperaron, en cambio, dos iniciativas sobre el acuerdo Mercosur: la de Vox (apoyada solo por PRC) y la del PSOE (con abstención del PP y votos en contra del resto).
El debate incluyó interpelaciones al Gobierno sobre el futuro de Solvay en Barreda (PRC), el sistema de Dependencia (PSOE y Vox), agresiones a sanitarios, el centro de salud de Castro Urdiales (PSOE), el acuerdo de Cohorte Cantabria con una farmacéutica estadounidense (PRC) y listas de espera en Atención Primaria (Vox). Esta sesión refleja la tensión política ante crisis externas, con la oposición presionando por respuestas autonómicas inmediatas y el Gobierno abogando por coordinación con el Estado.
