Representantes del comité de empresa de la planta de Solvay en Barreda, formados por UGT-FICA, CCOO y USO, han reafirmado en la sesión negociadora de hoy sus contrapropuestas para atenuar los efectos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tras la decisión de la compañía de reducir en cuatro el número de despidos previstos, hasta alcanzar los 54 afectados. Aunque esta concesión refleja la aceptación de algunas sugerencias sindicales, el órgano paritario sostiene que quedan margen suficiente para bajar más esta cifra mediante ajustes en los distintos departamentos de la factoría torrelaveguense.
Los sindicatos han matizado que el descenso en el volumen de salidas es un paso adelante, pero insisten en la existencia de vías para mitigar el impacto global del ERE, defendiendo la continuidad de sus planteamientos con el fin de preservar el mayor número posible de puestos de trabajo en la instalación. En paralelo, las discrepancias persisten en el apartado de las condiciones económicas del eventual pacto, lo que obliga a extender el diálogo hasta la próxima mesa, fijada como última cita para el miércoles 1 de abril.
Esta penúltima reunión forma parte de un proceso de consultas que se arrastra desde finales de febrero, cuando Solvay presentó su solicitud inicial de hasta 77 extinciones de contrato, motivada por un ajuste en la producción de la planta de bicarbonato sódico, que pasaría de 600.000 a 420.000 toneladas al año. En sesiones previas, celebradas los días 10, 12, 16, 19, 23 y 26 de marzo, la cifra se había rebajado progresivamente hasta los 58, y ahora llega a 54, aunque el comité ha cuestionado desde el inicio la solidez de los argumentos económicos esgrimidos por la empresa.
El comité ha expresado su gratitud por el respaldo dispensado por la plantilla y por los ciudadanos que se sumaron a la concentración del viernes 27 de marzo en la Plaza Mayor de Torrelavega, una iniciativa destinada a visibilizar la oposición al ERE y a demandar soluciones que eviten pérdidas irreversibles de empleo en la comarca del Besaya. Esta movilización ha reforzado la posición sindical en la mesa, donde se priorizan opciones como bajas voluntarias, recolocaciones internas y formación para mantener la operatividad de la planta sin traumatismos sociales.
Desde el arranque de las negociaciones, el comité ha reprochado a Solvay la ausencia de un plan industrial detallado que avale la reestructuración, criticando informes técnicos con presuntas imprecisiones y fallos en los datos objetivos que justificarían las salidas. Asimismo, ha reclamado compromisos de inversión para garantizar la supervivencia a largo plazo de la factoría, un centro clave en la industria química cántabra que genera empleo estable y contribuye al tejido productivo local pese a los desafíos del mercado global.
La factoría de Barreda, ubicada en Torrelavega, ha sido objeto de controversia sindical en los últimos meses, con el comité exigiendo transparencia sobre el futuro de la producción y rechazando cualquier ERE que no vaya acompañado de garantías de continuidad operativa. En este sentido, los representantes han instado a la implicación institucional para mediar en el proceso y abogar por alternativas que preserven los puestos, en un sector donde la transición hacia procesos más eficientes no debe recaer exclusivamente sobre la fuerza laboral.
La recta final de la negociación, con la fecha límite del 1 de abril, se presenta como decisiva para concretar no solo el número final de afectados, sino también las indemnizaciones y medidas complementarias que acompañen al ajuste. El comité reitera su compromiso con un cierre pactado que minimice el daño social, valorando los avances logrados pero sin renunciar a su objetivo de reducir al mínimo las extinciones forzosas en una planta estratégica para la región.
Este conflicto refleja las tensiones recurrentes en la industria pesada cántabra, donde las multinacionales buscan optimizar costes frente a la defensa sindical del empleo cualificado y la estabilidad económica local, en un entorno marcado por la volatilidad de materias primas y exigencias regulatorias europeas. La resolución del ERE de Solvay podría servir de precedente para futuras reestructuraciones en el Besaya, zona industrial dependiente de iniciativas que equilibren competitividad y cohesión social.
