La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria ha reclamado la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que obliga al Consistorio a invertir más de 550.000 euros que no fueron destinados al servicio de bomberos entre 2020 y 2023.
El sindicato ha cargado con dureza contra la gestión municipal y ha sostenido que esos fondos, procedentes de aportaciones ligadas a las aseguradoras a través de UNESPA, debían haberse empleado para reforzar el Servicio contra Incendios y Salvamento. Según ha subrayado, esa inversión no se ha producido, lo que a su juicio pone de manifiesto una falta de atención hacia un servicio que considera esencial.
CCOO ha calificado de “incomprensible” que hayan tenido que ser los propios trabajadores quienes recurrieran a la vía judicial para lograr que se cumpla la ley en un ámbito tan sensible como la seguridad ciudadana. La organización sindical entiende que este extremo evidencia una forma de actuar que no se corresponde con las necesidades reales del servicio ni con las obligaciones de la administración local.
En este sentido, la federación ha denunciado que la falta de inversión ha derivado en distintas carencias estructurales dentro del SCIS. Entre ellas ha citado la ausencia de estudios técnicos sobre mapeos y sectorización, la inexistencia de acciones preventivas para conocer el entorno urbano en el que se desarrollan las intervenciones, la falta de protocolos y planes de actuación ante emergencias, así como la insuficiente formación y práctica para la plantilla.
Junto a ello, el sindicato ha puesto el foco en la situación del parque móvil, que ha descrito como especialmente preocupante por la presencia de vehículos obsoletos, la falta de mantenimiento y la adquisición de unidades de segunda mano en mal estado. A juicio de CCOO, todo ello incide directamente en la operatividad del servicio y limita su capacidad de respuesta.
La organización sindical ha advertido de que esta situación, que asegura haber denunciado de manera reiterada, afecta de forma directa a la atención de emergencias y pone en riesgo a la ciudadanía. Por ese motivo, considera que existen responsabilidades políticas claras y que la gestión municipal ha resultado incompatible con la correcta prestación de un servicio que define como esencial.
CCOO ha ido más allá al sostener que la falta de interés de las administraciones públicas en este tipo de actuaciones termina por comprometer la seguridad de la población. En ese contexto, ha recordado la tragedia de El Bocal, donde seis jóvenes perdieron la vida por el mal estado de las infraestructuras y la falta de inversión, y ha advertido de que este tipo de episodios evidencian las consecuencias de una política de dejación que, según el sindicato, se repite con demasiada frecuencia.
