La Agrupación Local del PSOE en Polanco ha anunciado que su Grupo Municipal presentará una moción en el próximo pleno para que el Ayuntamiento adopte un papel protagonista en el conflicto generado por el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Solvay, que prevé 77 despidos directos y repercusiones indirectas en numerosos puestos de trabajo y sectores económicos de la comarca, especialmente en este municipio. Los socialistas recuerdan que las administraciones públicas, incluida la ciudadanía a través de sus representantes, han respaldado durante décadas la actividad de la empresa con diversas subvenciones y cediendo patrimonio territorial como suelos y subsuelos, sin que aparentemente se haya realizado el esfuerzo inversor suficiente para mantener su competitividad. Ante las declaraciones institucionales previstas en varios ayuntamientos con presencia industrial de Solvay, el PSOE polanquino aboga por medidas más contundentes mediante una resolución plenaria que obligue a la corporación a actuar con firmeza.
Entre las demandas específicas que el Ayuntamiento debería plantear a la empresa, los socialistas proponen instar a la suspensión inmediata del proceso de ERE, participar en una mesa de diálogo multipartita, exigir un plan de recolocación efectivo con compromisos verificables para los trabajadores afectados, y obtener de Solvay un preaviso anticipado para cualquier futura decisión de impacto similar en el empleo. Asimismo, reclaman una coordinación estrecha con la Administración regional y los municipios colindantes que se ven afectados por la actividad de la compañía. Esta postura busca elevar al Ayuntamiento de Polanco de mero observador a actor principal en la defensa de los intereses locales, legitimado por el apoyo histórico prestado a la empresa.
Posición del secretario general socialista
Rubén García, secretario general de la Agrupación Local Socialista de Polanco, ha enfatizado que ninguna gran empresa puede operar sin el consentimiento expreso de la comunidad en la que se asienta, un permiso que Solvay ha recibido durante más de un siglo en Polanco a cambio de empleo estable, inversión en el territorio y un relación de respeto mutuo. Según García, una reducción unilateral de plantilla sin negociación genuina ni compensaciones adecuadas vulnera ese pacto implícito con la sociedad local. Por ello, el Ayuntamiento no debe limitarse a solicitar favores, sino exigir el cumplimiento de obligaciones acumuladas por los beneficios obtenidos en la zona durante generaciones.
Deuda histórica con el territorio
Los socialistas argumentan que la rentabilidad de Solvay en Polanco se debe en gran medida al respaldo comunitario, por lo que la empresa contrae una deuda de responsabilidad compartida en momentos críticos como el actual. Esta perspectiva posiciona al consistorio no como un testigo pasivo del conflicto laboral, sino como un agente político con plena autoridad para demandar corresponsabilidad a una compañía cuya trayectoria se ha construido sobre los recursos, la tolerancia y el apoyo sostenido de los polanquinos. La propuesta del PSOE busca así fortalecer la voz municipal en la negociación, garantizando que las decisiones empresariales respeten el contrato social forjado a lo largo del tiempo y protejan el tejido económico local.
