El magistrado titular de la plaza número 2 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander ha confirmado esta tarde la suspensión de la resolución dictada por la alcaldesa de Cartes que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida para menores. La decisión judicial llega tras una medida cautelarísima adoptada el pasado jueves a petición del Gobierno de Cantabria, sin escuchar previamente a la administración demandada, el Ayuntamiento de Cartes.
El órgano judicial dio un plazo de tres días al consistorio para presentar alegaciones, y este respondió el viernes pasado con un escrito en el que expresó que no se opone a la suspensión. Hoy, en un auto hecho público a primera hora de la tarde, el magistrado convalida la medida y da por cerrado el incidente cautelar, atendiendo al hecho de que el Ayuntamiento no ha alegado «motivo alguno para entender que la decisión adoptada no sea correcta o que su mantenimiento produce una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero».
De hecho, el propio consistorio manifiesta su «expreso acatamiento» a la resolución judicial, lo que lleva al juez a confirmar que la orden de la alcaldesa queda en suspenso de manera definitiva en este trámite. Esta postura de no oposición por parte de la administración demandada también determina que «no procede la imposición de costas», concluye el auto con nitidez.
El caso pone de manifiesto la rapidez con la que el Gobierno de Cantabria movió ficha para evitar el cierre del centro, un recurso clave para menores en situación de vulnerabilidad en esta comunidad autónoma. La alcaldesa había impulsado la paralización inmediata, pero la intervención judicial frena ese paso y mantiene operativa la instalación mientras se resuelve el fondo del asunto. El Ayuntamiento, al acatar sin reservas, evita un pulso mayor y despeja el camino para que la medida cautelar se mantenga sin complicaciones adicionales.
En Cartes, donde estos centros son piezas fundamentales del tejido social, la confirmación judicial trae un respiro temporal. El auto no entra en el debate de fondo —eso llegará más adelante—, pero sí asegura que el servicio no se vea interrumpido de golpe, protegiendo así los intereses de los menores acogidos y los intereses generales que el Gobierno cántabro defendió desde el primer momento. Un capítulo más en las tensiones administrativas que a veces marcan la gestión de servicios esenciales en los municipios de Cantabria.
