La tranquilidad habitual de Cartes se vio alterada este viernes con una movilización vecinal improvisada que marca el inicio de un pulso con las administraciones por la llegada de menores migrantes. Tras un pleno municipal especialmente tenso, alrededor de un centenar de personas se concentraron frente al edificio del Camino Real donde, en los próximos días, está prevista la acogida de una veintena de menores extranjeros no acompañados procedentes de la crisis migratoria de Canarias.
Lo que comenzó como una protesta puntual se ha convertido ya en un calendario de acciones. Los vecinos han decidido convocar concentraciones diarias, a las 19.00 horas, delante del inmueble que gestionará la Fundación Cuin. Portavoces vecinales insisten en que no van a bloquear físicamente la entrada de los jóvenes, pero reclaman que el dispositivo se reubique y critican con dureza la forma en la que se ha articulado la operación, que califican de “nocturnidad y exceso de velocidad”.
Entre los residentes pesa la idea de que el volumen de menores asignados al municipio es “desproporcionado”: se habla de unos 18 chicos de los 156 que el Gobierno central ha asignado a Cantabria, para una localidad que ronda los 6.000 habitantes, mientras existen otros núcleos más poblados en la comunidad. También cuestionan la elección del edificio situado en pleno Camino Real como emplazamiento del recurso de acogida y piden explicaciones detalladas sobre su funcionamiento.
La convocatoria de la primera concentración se articuló a través de un grupo de mensajería que posteriormente ha sido cerrado, lo que ha llevado a los vecinos a fijar la cita diaria a las siete de la tarde como único canal estable de coordinación. En cada reunión reiteran que no se oponen a la llegada de los menores como tal, pero sí a los términos en los que se ha decidido y comunicado la medida, por lo que exigen información y garantías.
El conflicto ha tenido un rápido eco político y ha abierto un nuevo frente de choque institucional. La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), acusa al Gobierno de Cantabria de haber actuado de forma “unilateral y de espaldas a los vecinos”, asegurando que conoció la operación a través de la propia fundación gestora y no por los cauces oficiales habituales. Desde el Ejecutivo autonómico, la presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP) defiende, en cambio, que se trata de una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de España.
Buruaga sostiene que el reparto “forzoso” de menores migrantes acordado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez limita la capacidad de maniobra de la comunidad e insta a la regidora de Cartes a dirigir sus quejas hacia Madrid y no hacia Peña Herbosa. Sobre el terreno, mientras tanto, los vecinos mantienen su calendario de protestas diarias a la espera de respuestas claras sobre el futuro del centro de acogida y las condiciones en las que se va a integrar en la vida del municipio.
