El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), ha presentado una nueva propuesta de modificación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del polígono industrial de Laredo, que recorta su superficie total y prioriza el suelo productivo.
El nuevo planteamiento reduce el ámbito de actuación a 187.721 metros cuadrados, frente a los 533.814 metros cuadrados contemplados en la propuesta aprobada en la anterior legislatura, lo que equivale a una reducción del 65% de la superficie. De esta forma, se liberan 346.000 metros cuadrados y se mantienen únicamente los terrenos correspondientes a lo que habría sido la fase inicial del proyecto.
Según explicó el consejero de Industria, Eduardo Arasti, durante la presentación del documento junto al alcalde de Laredo, Miguel González, la propuesta aporta 57.189 metros cuadrados adicionales de suelo productivo industrial, a los que se suman 42.404 metros cuadrados de uso comercial, alcanzando un total de 99.593 metros cuadrados de suelo productivo. Esta proporción, señaló, permitirá que los precios de comercialización sean competitivos y aseguren la viabilidad económica del proyecto, pese a su reducción.
Arasti destacó que, con esta ampliación, Laredo duplicará la superficie del actual polígono de La Pesquera, que cuenta con 81.400 metros cuadrados, de los que 47.723 son industriales. Además, el nuevo PSIR contempla infraestructuras esenciales como una subestación eléctrica, una estación depuradora de aguas residuales, un punto limpio, aparcamientos y zonas de uso público, con el fin de dotar al polígono de servicios completos.
Menos propietarios y viviendas afectadas
Uno de los principales cambios de la propuesta es la reducción de los propietarios y viviendas afectadas. El número de titulares pasa de 307 a 102, lo que supone una disminución del 67%, mientras que las viviendas afectadas bajan de 47 a 11, es decir, un 77% menos.
Arasti explicó que la decisión se ha adoptado tras analizar 14 informes sectoriales y estudiar 264 alegaciones presentadas durante el proceso de información pública. El nuevo diseño mantiene la parcela para realojos prevista en la fase inicial, de 1.093 metros cuadrados, colindante con suelo urbano, espacios libres y zonas comerciales. “De acuerdo con la información recabada en nuestras reuniones con la plataforma vecinal, solo tres de los once propietarios afectados han manifestado su intención de ser realojados”, apuntó.
Valor más alto del terreno y proceso garantista
El consejero subrayó también que la modificación incluye una valoración significativamente más alta del suelo respecto a la aprobada en la legislatura anterior, que era de 15 euros por metro cuadrado. La compra de los terrenos se realizará conforme a la legislación vigente, mediante una tasación conjunta para tramitar el expediente de expropiación, con valoraciones individualizadas por técnicos cualificados.
Una vez resueltas las posibles alegaciones, se aprobará el expediente y se notificará a los propietarios el justiprecio determinado. Aquellos que estén de acuerdo recibirán el pago y se procederá al levantamiento de las actas de ocupación, mientras que quienes discrepen podrán acudir al Jurado Provincial de Expropiación o alcanzar acuerdos directos con SICAN. “Será un proceso transparente y con todas las garantías legales”, enfatizó Arasti.
El consejero prevé que la modificación del PSIR se someta de nuevo a información pública próximamente y pueda ser aprobada por el Consejo de Gobierno en el último trimestre de este año. A partir de ahí, se avanzará en la adquisición del suelo y en la licitación de las obras de urbanización, que podrían comenzar entre finales de 2027 y comienzos de 2028.
Colaboración institucional y consenso
Arasti calificó la propuesta como “razonable, equilibrada y justa”, elaborada tras escuchar las demandas del Ayuntamiento, del tejido económico local y de los vecinos afectados. Según recordó, el pleno municipal aprobó por unanimidad la solicitud de un PSIR para crear un nuevo polígono industrial que favorezca la instalación de empresas y la generación de empleo en Laredo.
El alcalde, Miguel González, expresó su agradecimiento al Ejecutivo autonómico y a la presidenta María José Sáenz de Buruaga por su implicación en la revisión del proyecto. A su juicio, el nuevo planteamiento “mantiene la ambición económica original, pero con un impacto social mucho menor”.
González destacó que, con esta propuesta, Laredo “asegura espacio productivo suficiente para atraer inversión y empleo” y puede ofrecer a las empresas un entorno competitivo y bien comunicado. Además, garantizó que el proceso de expropiación será “justo, transparente y ajustado a la ley”, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo industrial del municipio con la protección de los derechos de los afectados.
