La empresa pública Tragsa ha sacado a licitación a finales de 2025 la subcontratación de los trabajos para retirar el amianto de la antigua Residencia Cantabria, en Santander, que guarda varios miles de toneladas de este material cancerígeno. El anuncio figura en el Portal de Contratación del Estado y fija un plazo de ejecución de 11 meses para el desmantelamiento. Esta actuación responde a la encomienda que la Consejería de Salud, dirigida por César Pascual (PP), confió a Tragsa para el proceso completo de desmantelamiento del edificio.
Tragsa calcula que el complejo alberga más de 4.000 toneladas de amianto, aunque la cifra podría ser superior por aplicaciones no visibles o inspoletas. La licitación, fechada el 29 de diciembre con pliego de contratación y prescripciones técnicas, reserva los trabajos a empresas especializadas y acreditadas, de las que hay 17 inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) de Cantabria. El presupuesto roza los seis millones de euros, destacando la complejidad de manejar un volumen tan grande con meticuloso control para evitar la liberación de partículas cancerígenas.
Preocupación de UGT por la subcontratación
Pedro Cobo, representante de UGT en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha mostrado su preocupación por esta subcontratación de la encomienda inicial del Gobierno de Cantabria a Tragsa. El sindicato se declara en alerta durante todo el proceso de desmantelamiento del complejo, emplazado en Santander, para velar por la seguridad de trabajadores y población cercana. Esta postura del sindicato llega en paralelo a su demanda de nuevas ayudas autonómicas a los ayuntamientos para retirar amianto de edificios e instalaciones públicas municipales antes de 2028.
Cobo insiste en que el sindicato vigilará de cerca cada fase, dado el alto riesgo que supone manipular este material clasificado como carcinógeno de categoría 1A. UGT busca prevenir repeticiones de problemas pasados y garantizar que no se comprometa la salud ni del personal ni de los vecinos.
Detalle de los trabajos licitados
Una vez adjudicados, el ganador dispondrá de tres semanas para presentar ante el ICASS y Tragsa el Plan de Trabajo de Amianto. El procedimiento exige aislar primero el complejo de redes urbanas y luego extremar el aislamiento de andamios, dispositivos y zonas de trabajo interiores, evitando la fragmentación de fibras que contaminen el entorno. Los pliegos desglosan la magnitud: 3,8 millones de euros para retirar 39.671 metros cuadrados de encofrado perdido y forjado con amianto; 22.650 euros por 935 metros lineales de bajantes de fibrocemento; 44.650 euros para 3.422 metros cuadrados de cubiertas contaminadas; 190.000 euros por 5.765 metros cuadrados de muro cortina y panel de fachada (con andamiaje a cargo de Tragsa si procede).
Otros apartados incluyen 739.000 euros para eliminar 27.100 metros cuadrados de suelo, pavimento y loseta vinílica con amianto; y 91.500 euros para restos varios como juntas, tubos de drenaje, aislamientos eléctricos, zapatas de freno, pasacables y otros elementos. Esta partida final cubre imprevistos en un edificio con aplicaciones de amianto por doquier, algunas aún por confirmar.
Censos y ayudas municipales parados
UGT denuncia que el proceso iniciado en 2024 para que los ayuntamientos elaboren censos de amianto y planes de retirada en sus instalaciones está paralizado tras agotarse los 150.000 euros presupuestados entonces. Solo 37 de los 102 municipios recibieron ayudas, incluido Santander, aunque las habían pedido 58. Municipios como Laredo y Ramales de la Victoria van por delante en la planificación, pero la mayoría carece aún de censo y plan a día de hoy.
El sindicato urge al Gobierno de Cantabria, vía Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, a aportar una nueva partida suficiente para cubrir a todos los ayuntamientos solicitantes y llamar al resto a sumarse. La legislación española fija 2028 como plazo máximo para concluir estas retiradas en edificios públicos, priorizando la prevención de riesgos sanitarios que este material ha causado en el pasado.
Llamada de UGT a la acción autonómica
Pedro Cobo reclama una orden que dé cobertura económica a los ayuntamientos que se quedaron fuera por falta de fondos y un llamamiento general para elaborar censos de puntos con riesgo de amianto, avanzando así en su eliminación. UGT espera una dotación suficiente del Gobierno de Cantabria, coordinando con los municipios las inversiones preventivas necesarias para esquivar las graves consecuencias de este carcinógeno en salud humana y medio ambiente.
El sindicato ve clave reducir a futuro las muertes por amianto, con los costes que eso supone para afectados, familias, empresas y sociedad. La prohibición del amianto en España data de 2002, tras fabricarse entre 1961 y ese año unos 20 millones de productos de fibrocemento, usados mayoritariamente en construcción, periodo en el que se levantaron 5,5 millones de edificios según el Instituto Nacional de Estadística. En Cantabria, este legado obliga a actuar con urgencia en edificios públicos como la Residencia Cantabria.
