El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), ha plantado cara este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria a la sombra de la prevaricación continuada que le persigue, asegurando que cada decisión, cada factura y cada movimiento de su equipo ha estado siempre respaldado por el asesoramiento jurídico de la letrada contratada por el propio Ayuntamiento. «En todo momento he estado asesorado jurídicamente, siempre. No he dado un paso sin esa cobertura», ha repetido el regidor como un mantra, reconociendo sin complejos que, como ingeniero técnico industrial de electricidad, «no tengo ni idea de Derecho» y que su mandato se ha guiado por los dictámenes de la abogada municipal.
La denuncia que ha desatado este juicio vino del anterior Gobierno local del PP, que puso el dedo en la llaga por pagos supuestamente irregulares entre 2016 y 2017, pese a reparos de ilegalidad firmados por la secretaria municipal. Arco no ha dudado en cargar tintas contra el «clima indescriptible» que reinaba entonces en el Consistorio, fruto de la «pésima» relación entre esa secretaria y la letrada del Ayuntamiento, un choque que, según él, tiñó de parcialidad los informes de control. De hecho, la propia secretaria ha declarado como testigo y ha enmarcado sus reparos en su función fiscalizadora, reconociendo que el alcalde «seguía los dictámenes» de su asesora legal, lo que pone en entredicho la narrativa de irregularidad absoluta.
Fiscalía y la acusación particular del PP piden para Arco 15 años de inhabilitación especial para cargo público, atribuyéndole un delito continuado por autorizar pagos que oscilan –según las cifras– entre los cerca de 20.000 euros del ministerio público y los más de 140.000 que calcula el PP. El meollo está en cuatro facturas concretas: dos de casi 4.000 euros cada una por honorarios de abogados en la defensa penal del propio alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora municipal en un procedimiento judicial; otras 7.260 euros abonados a una consultoría jurídica por un informe sobre expropiación forzosa, cuando la valoración ya la había realizado la letrada municipal; y 8.000 euros a otra consultora por un análisis de la plantilla del Ayuntamiento.
Pero la cosa no acaba ahí. Los reparos de la interventora también alcanzaron decisiones como el cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones, o las contrataciones directas del aparejador municipal, la abogada del Ayuntamiento y el servicio informático, todas sin seguir el procedimiento administrativo estándar. La causa, que se enjuicia esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, archivó inicialmente la imputación de otros cinco concejales por un error en el procedimiento –declararon después de que concluyera el plazo de instrucción–, dejando a Arco como el único en el banquillo.
En la primera jornada de la vista oral, la defensa ha vuelto a la carga con su petición estrella: la nulidad de actuaciones, argumentando que se han practicado pruebas –como la declaración del investigado– una vez cerrada la fase de instrucción, lo que las haría extemporáneas e inválidas. Reclaman un fallo absolutorio rotundo para el alcalde, que se ha mostrado sereno y confiado en que la Sala desmontará las acusaciones. Fiscalía y el PP se han opuesto de plano a esta maniobra procesal, defendiendo la validez del procedimiento. La Audiencia estudiará todas estas cuestiones y las resolverá en la sentencia que pondrá el punto final a este culebrón judicial que ha marcado la política local de Ribamontán al Monte.
