Agentes de la Policía Nacional han puesto punto final a una investigación que se prolongó durante semanas en Torrelavega y Barreda, resultando en la detención de cuatro personas investigadas por coordinar un sistema de presión y amenazas contra trabajadores de empresas de logística. Las actuaciones judicial han decretado prisión preventiva para uno de los detenidos, mientras que los otros tres quedan en situación de libertad vigilada.
El punto de partida de todo esto fue la valentía de un repartidor que se negó a colaborar. A finales de septiembre, este trabajador denunció ante la Comisaría de Torrelavega que un círculo de individuos lo presionaba sistemáticamente para que facilitara el acceso a la mercancía que transportaba. Cuando el trabajador se resistió a las peticiones, la situación escaló de forma brutal: lo obligaron a entrar en un vehículo, donde sufrió una serie de agresiones, y posteriormente lo llevaron contra su voluntad hasta una vivienda donde lo sometieron a nuevas presiones económicas. Solo después fue liberado, y al día siguiente acudió a interponer la correspondiente denuncia.
A partir de ese testimonio inicial, los investigadores comenzaron a tirar del hilo. Lo que en principio parecía un incidente aislado derivó en el descubrimiento de una estructura mucho más compleja, donde el grupo operaba de forma organizada para cometer extorsiones, retenciones ilegales de personas y otras acciones criminales coordinadas. Policía Nacional asignó recursos especializados para desarticular esta red.
Durante el proceso investigador, los agentes identificaron a los principales implicados. Uno de ellos resultó ser particularmente relevante desde el punto de vista penal: su historial incluía más de 20 requisitorias judiciales en vigor, cuatro de las cuales solicitaban su ingreso inmediato en prisión. Este individuo llevaba aproximadamente año y medio evitando a la justicia, moviéndose con cuidado y aprovechando la colaboración de familiares y personas allegadas para mantenerse fuera del alcance de las autoridades.
Las cosas se complicaron aún más cuando, ya avanzado octubre, emergió un segundo frente de investigación contra la misma persona. Su pareja sentimental se acercó a la Comisaría de Torrelavega para denunciar episodios de violencia en el ámbito doméstico. En su declaración, además de detallar los malos tratos sufridos, mencionó que desde que interpuso la denuncia no había vuelto a tener contacto con sus hijos menores de edad, que se encontraban en poder de la familia del investigado. Los agentes aplicaron el protocolo Viogen de evaluación del riesgo, obteniéndose una calificación de máxima peligrosidad, lo que activó de inmediato todas las medidas de protección establecidas para este tipo de casos.
Con toda la información recopilada y coordinadas las operaciones, en la madrugada del 4 de diciembre se despliegó un operativo de envergadura considerable en Torrelavega y Barreda. La llamada «Operación Txarro» movilizó múltiples unidades especializadas: además de las comisarías locales de Santander y Torrelavega, participaron equipos del GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), el GOIT (Grupo Operativo de Intervención Técnica), efectivos de la UIP (Unidades de intervención policial) y la Unidad de Sistemas Especiales. El dispositivo fue de los que denominamos «de alto impacto» en el argot policial: seis domicilios fueron registrados, se practicaron las detenciones simultáneamente y se intervino un arma larga falsa de tipo rifle.
Una vez completadas las diligencias en los domicilios y trasladados los detenidos a dependencias policiales, se procedió a la comparecencia ante la autoridad judicial. El juez decretó prisión preventiva para uno de los cuatro, en tanto que los otros tres fueron dejados en libertad bajo la condición de seguir el proceso penal con cargos formales. El siguiente paso corresponde ahora al sistema judicial, que tendrá que determinar la responsabilidad de cada uno de estos investigados en los delitos que se les imputan.
