El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, en funciones de guardia, ha condenado a un hombre por agredir a una enfermera del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a la que propinó dos bofetadas mientras se encontraba en el servicio de Urgencias. La vista, celebrada el pasado domingo, se resolvió por conformidad después de que el acusado reconociera los hechos y admitiera su culpabilidad.
El hombre fue declarado autor de un delito de atentado contra funcionario público sanitario, en concurso con un delito leve de lesiones, y aceptó una pena de 140 días de prisión, una multa de 120 euros y el pago de 200 euros de indemnización a la sanitaria agredida. Además, deberá realizar 75 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, tal como se recoge en la sentencia dictada por la magistrada.
Según el relato judicial, los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 6 de diciembre, alrededor de las siete y media, cuando el hombre, que se hallaba en uno de los boxes de Urgencias, comenzó a gritar y alterar el orden, molestando al resto de pacientes. Ante esta situación, una enfermera se acercó para pedirle que se tranquilizara, momento en el que el individuo respondió con gritos e impactó dos bofetadas en su rostro, causándole una contusión leve que requirió atención médica inmediata.
La Policía Nacional fue alertada tras una llamada al 091 que informaba de la agresión. Cuando los agentes llegaron al hospital, recabaron el testimonio de la víctima y de varios testigos. Según el informe policial, el agresor intentó abandonar el centro sanitario, pero fue retenido por el personal de seguridad privada hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado. Después de prestar declaración y una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición judicial.
Durante la vista rápida celebrada al día siguiente, la Fiscalía y la defensa del detenido alcanzaron un acuerdo que permitió dictar la sentencia de conformidad en el mismo acto. La jueza decretó la suspensión de la pena de prisión durante tres años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir, cumpla las jornadas de trabajo comunitario y abone la indemnización impuesta.
La magistrada declaró la resolución firme tras el consentimiento de ambas partes, por lo que el procedimiento quedó cerrado.
El caso ha vuelto a reavivar las quejas del personal sanitario por el incremento de agresiones en centros de atención médica, un problema que desde hace meses preocupa a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud, especialmente en servicios de urgencias y atención primaria.
