La Audiencia Provincial de Cantabria ha aplazado la vista prevista para este viernes, 31 de octubre, en la que debía formalizarse el acuerdo de conformidad en el conocido como ‘caso Obras Públicas’. La sesión, que se había fijado para las diez de la mañana, no pudo celebrarse debido a la inasistencia de uno de los acusados, según confirmaron a esta agencia fuentes del Tribunal.
El acto de ratificación, presidido por la magistrada Almudena Congil, presidenta del tribunal del jurado de la Sección Tercera, tenía como objetivo refrendar el pacto alcanzado entre las partes —Fiscalía, Gobierno autonómico y las defensas— tras la fase de instrucción. Dicho acuerdo permitirá evitar la constitución de un jurado popular, pues los implicados han aceptado los hechos y se conforman con las penas solicitadas, por lo que el juicio no llegará a celebrarse.
De acuerdo con la normativa procesal, las vistas pueden suspenderse por causas justificadas, entre ellas la coincidencia con otros señalamientos judiciales de los letrados o la imposibilidad de acudir de alguno de los procesados. En este caso, la suspensión obedece a la ausencia de uno de los encausados, tal como han indicado fuentes cercanas al procedimiento.
El caso ha sido instruido durante casi tres años por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que inició las diligencias en octubre de 2022 y dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado 12 de septiembre. La complejidad de la causa se refleja en su volumen: más de un centenar de tomos —56 de trámite y 55 de anexos documentales— y más de doce terabytes de material recopilado en soporte digital.
Según el acuerdo alcanzado entre las partes, el principal acusado, el funcionario Miguel Ángel B.D., considerado cabecilla de la trama, será condenado a siete años y un día de prisión y nueve años y tres meses de inhabilitación para ejercer cualquier puesto público. También afronta una multa próxima al millón de euros. Se le imputan delitos de fraude en la contratación pública, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad mercantil. Durante la instrucción permaneció medio año en prisión preventiva y fue apartado de su cargo como jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas.
Su esposa, también procesada, será condenada a un año y un día de prisión y al pago de 478.513 euros por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Al resto de empresarios implicados —vinculados a firmas como API Movilidad, IMESAPI, CANNOR, La Encina y RUCECAN— se les impondrán penas de entre uno y dos años y medio de cárcel, junto a multas de 1.800 euros e inhabilitación temporal para contratar con la administración o percibir ayudas públicas durante algo más de tres años.
Las cuantías que deberán abonar los procesados en concepto de responsabilidad civil ascienden a más de 1,6 millones de euros, de los que cerca de 750.000 corresponden al funcionario principal. Ese dinero deberá reintegrarse al Gobierno de Cantabria como compensación íntegra del perjuicio económico ocasionado por las adjudicaciones irregulares de obras como los puentes de Somo y Pontejos o la pasarela de Solvay, entre otras.
El escrito de conformidad describe cómo, aprovechando su posición en la Consejería de Obras Públicas, el funcionario se habría aliado durante años con varios empresarios del sector para manipular adjudicaciones de contratos a cambio de comisiones y favores. Según la investigación, el acusado utilizó su cargo para alterar de forma sistemática los procedimientos de contratación, elaborando pliegos y puntuaciones a medida que beneficiaban a las mismas empresas.
Las partes coinciden en que existía un acuerdo prolongado en el tiempo entre los implicados que producía beneficios económicos recíprocos: los empresarios obtenían contratos de manera reiterada, aumentando sus ganancias, mientras que el funcionario recibía contraprestaciones ilícitas. Los informes judiciales apuntan a un “patrimonio desproporcionado” acumulado por el acusado y su familia, aunque no se ha podido determinar el total exacto de las cantidades percibidas.
Con la suspensión de la vista, la Audiencia Provincial deberá ahora fijar una nueva fecha para formalizar definitivamente el pacto y dictar sentencia conforme al acuerdo alcanzado entre las partes.
