La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este martes, 28 de octubre, a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija durante el confinamiento decretado por la crisis sanitaria de la Covid-19. El ministerio público solicita para el procesado una pena de ocho años y medio de prisión, además de la imposición de ocho años de libertad vigilada, ocho años de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la joven.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al periodo de confinamiento, cuando el acusado, “con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, realizó de forma reiterada actos de contenido sexual contra la voluntad de la perjudicada”. El relato del fiscal detalla que, al inicio del encierro, la joven, de 17 años, recibió tocamientos íntimos por encima de la ropa y penetración digital en varias ocasiones, resistiéndose activamente a las agresiones. El ministerio público afirma que la víctima se opuso de manera abierta, llegando incluso a empujar a su padre para impedir los abusos.
En la parte final del confinamiento, el procesado se habría metido en la cama de la menor en al menos dos ocasiones distintas, le quitó el pijama, se puso un preservativo y la penetró vaginalmente. La hija presentó denuncia meses después, en julio de 2020, siendo asistida posteriormente por psicólogos y psiquiatras debido a las secuelas que le han provocado los hechos denunciados. Los informes médicos dictaminan que sufre estrés postraumático leve, síndrome adaptativo y un profundo sentimiento de orfandad psicológica, que ha derivado en una actitud defensiva persistente y la necesidad de apoyo profesional.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de abuso sexual, con agravantes recogidas en la legislación vigente durante la época de los hechos. Además de la pena de prisión solicitada, reclama una indemnización de 10.000 euros para la víctima como compensación por los sufrimientos y las secuelas psíquicas sufridas desde el confinamiento.
El juicio, que tendrá lugar a las 11:15 horas en la sede judicial cántabra, contará con la intervención de peritos médicos y psicólogos, así como el testimonio de la propia víctima y otros familiares. La Fiscalía también solicita la prohibición de acercarse a la joven y la limitación de comunicaciones durante el tiempo estipulado como medida protectora.
Este caso pone de relieve la problemática de los abusos sexuales en el ámbito familiar, especialmente agravada durante la época de confinamiento en la que las víctimas se ven obligadas a convivir con sus agresores. Organizaciones de ayuda insisten en la importancia de denunciar este tipo de delitos y de contar con recursos de apoyo psicológico para quienes los sufren.
En los últimos años, la Audiencia Provincial de Cantabria ha registrado un aumento en los juicios por delitos contra la libertad sexual, reflejando la necesidad de reforzar la protección a las víctimas y el tratamiento especializado para abordar sus secuelas en la comunidad autónoma.
