La Audiencia Provincial de Cantabria ha señalado el 31 de octubre, a las diez de la mañana, la vista en la que los investigados en el conocido como caso Obras Públicas formalizarán su conformidad con las acusaciones y las penas pactadas con la Fiscalía y con el Gobierno autonómico, que ejerce la acusación particular. Con este acuerdo, la causa quedará cerrada sin necesidad de constituir un jurado popular, ya que todos los acusados han anunciado su intención de reconocer los hechos y aceptar las penas. La sesión, presidida por la magistrada Almudena Congil, servirá para oficializar un pacto extrajudicial que pone fin a una investigación de altísima envergadura, desarrollada durante casi tres años y considerada una de las más complejas en la historia judicial reciente de Cantabria.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha sido el encargado de dirigir la investigación desde su inicio, el 18 de octubre de 2022, hasta la apertura de juicio oral decretada el pasado mes de septiembre. La magnitud del procedimiento, que detalla una presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos en la Consejería de Obras Públicas, se refleja en los más de 100 tomos de documentación —56 volúmenes de trámite, 55 de anexos documentales y más de doce terabytes de material informático— recopilados durante la instrucción. En ellos se describe cómo un funcionario de la Dirección General de Carreteras concertó adjudicaciones con varias empresas de la construcción a cambio de dádivas y compensaciones económicas, alterando los procesos de contratación y provocando un perjuicio al erario público cifrado en más de 1,6 millones de euros.
El principal implicado, un exjefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, que fue apartado de su cargo y permaneció en prisión provisional seis meses, ha reconocido los delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. En virtud del acuerdo de conformidad, se le impondrá una pena de hasta siete años de cárcel, nueve de inhabilitación para empleo público y una multa de un millón de euros. Además, deberá asumir el pago de la mitad de la responsabilidad civil exigida, que asciende a más de 749.000 euros. Su esposa, también implicada, será condenada a un año y un día de prisión y al pago de casi medio millón de euros en concepto de blanqueo de capitales y falsedad documental.
El resto de los acusados, entre los que se encuentran directivos de varias constructoras y responsables de empresas como RUCECAN, API Movilidad, IMESAPI, CANNOR y La Encina, han admitido su participación en la red y han pactado penas de entre uno y dos años de prisión por fraude y cohecho. Todos ellos serán inhabilitados durante cuatro años para contratar con la Administración o percibir subvenciones públicas, además de abonar multas e indemnizaciones complementarias. En aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño, los acusados ya han consignado las cantidades reclamadas por la Administración autonómica, que ha recuperado parte de los fondos desviados.
Según el escrito de conformidad, el funcionario “prevaliéndose de su puesto”, manipuló sistemáticamente múltiples expedientes de contratación entre 2018 y 2022 para favorecer a empresas con las que mantenía vínculos económicos. Las obras afectadas incluyen actuaciones emblemáticas como los puentes de Somo y Pontejos, la pasarela de Solvay o la mejora de carreteras rurales en distintas zonas de la comunidad. Los informes judiciales subrayan que el acusado actuó de forma “consciente y deliberada”, vulnerando los principios de legalidad, objetividad y libre competencia en los contratos públicos, al tiempo que recibía compensaciones en efectivo y bienes patrimoniales.
El Ministerio Fiscal, junto con la acusación particular ejercida por el Gobierno de Cantabria, ha trabajado durante meses en la búsqueda de un acuerdo que permitiera reparar económicamente el daño y evitar un largo proceso judicial con jurado, dada la extensión y complejidad del sumario. Según el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, el compromiso alcanzado demuestra la utilidad de la vía de conformidad “en casos con pruebas abrumadoras”, con el objetivo de asegurar una reparación rápida y efectiva.
En cualquier caso, la vista programada para el 31 de octubre podría modificarse si concurren causas justificadas, como la coincidencia con otros señalamientos, aunque no se espera que el calendario cambie. Si todo avanza según lo previsto, ese día la magistrada declarará la validez del acuerdo y con ello se pondrá fin a un proceso judicial que ha condicionado durante años a las instituciones autonómicas y a varias empresas del sector de la construcción.
