La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha advertido este jueves de las consecuencias “graves” que, a su juicio, podrían acarrear las reformas impulsadas por el Gobierno de España en materia judicial. A su entender, tanto la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal suponen una “involución del Estado de derecho”, al poner en riesgo la separación de poderes y la independencia del sistema judicial.
Urrutia ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las XVI Jornadas de Derecho Procesal Civil, organizadas en el CASYC de Santander por el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración del Ejecutivo cántabro, en un foro que ha reunido a representantes del ámbito jurídico de la región.
La titular de Justicia ha remarcado que Cantabria se ha posicionado “frontalmente en contra” de ambas reformas, sumándose a las protestas promovidas por jueces, fiscales y otros operadores jurídicos. Según ha expresado, los cambios propuestos por el Ejecutivo central “abren la puerta a la arbitrariedad” y “alteran de raíz” las garantías del sistema judicial.
Uno de los puntos que ha generado mayor preocupación en el Gobierno autonómico es el anteproyecto que modifica el modelo de investigación penal, al facultar al fiscal general del Estado para designar discrecionalmente al fiscal instructor en cada causa. “Eso puede traducirse en una herramienta para direccionar las investigaciones”, ha alertado Urrutia.
En este sentido, ha defendido que los nombramientos se rijan por normas previas al caso concreto y no dependan de decisiones individuales. “Nos sumamos a la demanda de los jueces y fiscales que se han movilizado esta semana en defensa del principio de legalidad”, ha añadido.
Asimismo, la consejera ha reivindicado el “compromiso inquebrantable” del Ejecutivo cántabro con la independencia judicial y ha denunciado los “agravios” que, a su juicio, están sufriendo jueces y fiscales por parte de representantes del Gobierno central. “El apoyo del Gobierno de Cantabria al poder judicial es total, sin fisuras”, ha remarcado.
Críticas al despliegue de la Ley de Eficiencia Judicial
Durante su intervención, Urrutia también ha cuestionado la aplicación de la Ley de Eficiencia Judicial, criticando tanto los plazos “impuestos de forma unilateral” por el Gobierno de España como la falta de financiación y soporte técnico para su despliegue. A su juicio, las comunidades con competencias en la materia, como Cantabria, se han visto forzadas a asumir en solitario los costes derivados de este nuevo modelo, que incluyen inversiones en personal, infraestructuras y justicia gratuita.
“Hemos pedido ayuda y lo único que hemos recibido es un portazo”, ha lamentado, aunque ha valorado el esfuerzo conjunto del Pacto para la Justicia de Cantabria, que está permitiendo preparar la implantación de esta reforma a partir del 1 de julio en siete de los ocho partidos judiciales de la comunidad. “Gracias a ese trabajo, Cantabria va a cumplir”, ha concluido.
Las XVI Jornadas de Derecho Procesal Civil abordan las recientes reformas legislativas introducidas por la Ley Orgánica 1/2025 sobre eficiencia en la Justicia y el Real Decreto-ley 6/2023 de medidas para la ejecución del Plan de Recuperación.
El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; el teniente fiscal, Ángel González; el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo regional, Juan Sáez Bereciartu; y los directores del curso, Victoria Ortega —expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española— y el presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga.
