La Fiscalía de Cantabria solicita seis años de prisión para un empresario del sector de la construcción acusado de un delito de apropiación indebida por alquilar seis vehículos bajo la modalidad de ‘renting’ y abonar únicamente la primera cuota.
Según el ministerio público, la empresa propietaria reclamó el pago de las cuotas restantes, pero el acusado no pagó ni devolvió los vehículos, que presuntamente sacó al extranjero y vendió tras ser rematriculados. Hasta la fecha, solo dos coches han sido recuperados gracias a la intervención de la gendarmería francesa, mientras que los cuatro restantes continúan desaparecidos.
La empresa perjudicada reclama una indemnización por el valor de los vehículos no recuperados, los desperfectos en los recuperados y los gastos derivados de su recuperación.
La Fiscalía agrava la acusación al tener el procesado antecedentes previos por apropiación indebida y estafa, y pide también una multa de 4.320 euros. Asimismo, exige una indemnización de 136.000 euros por los coches no recuperados y que se determinen otros daños por cuotas impagadas y desperfectos.
Por su parte, la acusación particular eleva la petición de pena a nueve años y medio de prisión y 2.700 euros de multa, además de reclamar 107.000 euros por los vehículos no recuperados, y acusa al procesado también de falsedad documental y estafa con agravante de reincidencia.
El juicio tendrá lugar este miércoles 21 de mayo a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
SEGUNDA CAUSA: Robo de 7.450 euros a un amigo con discapacidad
Ese mismo día, a partir del mediodía, la misma sala juzgará a otro hombre acusado de sustraer la tarjeta y cartilla bancaria de un amigo con discapacidad, con quien mantenía confianza, para apropiarse de 7.450 euros.
La Fiscalía sostiene que el acusado, que solía acompañar a la víctima a la entidad bancaria y conocía sus claves, sustrajo la documentación del domicilio del amigo, quien tiene una minusvalía psíquica del 73%. Posteriormente, realizó varias extracciones en cajeros automáticos por valor de 7.450 euros.
Se le imputa un delito continuado de estafa, con petición de 20 meses de prisión y el pago de una indemnización igual al importe sustraído. La acusación particular agrava la pena a tres años y nueve meses de cárcel, 1.620 euros de multa y reclama la misma indemnización, al considerar que hubo abuso de la relación personal.
