La Fiscalía ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que absolvió a los exalcaldes de Castro Urdiales, Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, y a otros doce procesados en el caso de los presuntos sobresueldos y contrataciones irregulares en el Ayuntamiento.
La resolución, emitida a finales de febrero por la Sección Primera, considera que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación del ministerio público sobre supuestas irregularidades cometidas entre 1991 y 2011 en materia de contratación de personal y retribuciones indebidas.
El fallo, que no es firme, será recurrido en casación por la Fiscalía, según han confirmado fuentes del ministerio público a Europa Press.
Una absolución basada en la falta de pruebas originales
El tribunal, en su sentencia de 213 páginas, eximió de responsabilidad a los exregidores, acusados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, al no apreciarse delito en su actuación.
También fueron absueltos un funcionario y varios concejales que aprobaron los presupuestos municipales en 2008 y 2009 pese a los reparos del interventor, así como el exsecretario municipal, en su caso por prescripción del delito atribuido.
El fallo analiza 53 hechos relacionados con contrataciones, reparos de Intervención y pagos abonados a trabajadores por conceptos como la fiesta del Coso Blanco o el complemento de productividad, aspectos clave en la acusación de la Fiscalía.
Sin embargo, la Audiencia subraya que buena parte de los informes del interventor, considerados prueba esencial, llegaron sin firma original, lo que los convierte en copias sin validez documental.
Además, el tribunal concluye que la acusación no demostró que los procesados, y en especial los alcaldes, actuaran de forma dolosa en la contratación irregular de personal ni que participaran directamente en el supuesto desfalco que habría beneficiado a empleados municipales, pero no a ellos personalmente.
Con este recurso ante el Supremo, la Fiscalía busca revertir la absolución y reabrir el caso para determinar si existieron responsabilidades penales en la gestión de los fondos municipales de Castro Urdiales.
