El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado un vuelco al contencioso entre el Ayuntamiento de Santander y la UTE Jardines al anular la sentencia que obligaba al Consistorio a devolver 2,3 millones de euros. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso municipal, considerando que las deducciones aplicadas en 2019 por incumplimientos contractuales estaban plenamente justificadas.
En un fallo contundente, los magistrados han respaldado el procedimiento seguido por el área de Medio Ambiente y la Intervención municipal, destacando que «la administración obró correctamente» al aplicar las compensaciones por los incumplimientos en plantilla, mejoras e inversiones. La sentencia no solo revoca la decisión del Juzgado nº2, sino que condena a la empresa al pago de las costas del proceso.
La concejala Margarita Rojo ha celebrado el «triunfo del rigor» tras conocerse la resolución. «Se demuestra que actuamos con firmeza para defender el dinero público», ha subrayado, recordando que sumando este caso y otros similares, el Ayuntamiento ha evitado pagar 3,8 millones en indemnizaciones injustificadas.
El fallo supone un espaldarazo a la gestión del equipo de gobierno, que en su día recibió duras críticas de PSOE y PRC por estas retenciones. «Pedían dimisiones por una actuación que ahora los tribunales avalan», ha remarcado Rojo, quien ha instado a la oposición a «medir sus declaraciones» antes de cuestionar decisiones técnicas.
La resolución judicial detalla cómo los informes de 2019 -elaborados tanto por Intervención como por los técnicos de Medio Ambiente- acreditaban los incumplimientos que motivaron las deducciones. Para el Consistorio, este episodio refuerza su política de control estricto sobre los contratos de servicios, evitando que los incumplimientos recaigan sobre las arcas municipales.
