La Audiencia Nacional ha decidido mantener abierta la causa contra el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, y el exsecretario general y tesorero de la misma, Guillermo Nalda, por un posible delito de fraude de subvenciones. Ambos están implicados en el desvío de 210.000 euros que, según los investigadores, deberían haberse destinado a financiar parte de las obras de remodelación de los campos de fútbol de Tanos (Torrelavega). Sin embargo, los fondos habrían sido redirigidos a otros fines, lo que ha motivado la continuación del proceso judicial.
El juez encargado del caso ha considerado que existen «indicios suficientes» para seguir adelante con el procedimiento y ha rechazado los argumentos presentados por la defensa, que intentaron desvirtuar las pruebas incriminatorias. La causa forma parte de una de las piezas separadas del conocido ‘caso Soule’, que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, por una serie de presuntos delitos relacionados con la corrupción dentro del fútbol español.
En este sentido, el juez ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que formulen la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. La investigación sostiene que Peláez no transfirió los 210.000 euros al Ayuntamiento de Torrelavega como correspondía, sino que destinó los fondos a otros fines, agotándolos en apenas siete meses. Entre las operaciones sospechosas figuran retiradas de efectivo que suman 34.150 euros y pagos por un total de 160.502 euros a nombre de la Federación.
El impago de esta subvención suscitó diversas reclamaciones por parte del Ayuntamiento de Torrelavega, el Consejo Superior de Deportes y la RFEF, que finalmente forzaron a Peláez a transferir los fondos el 6 de mayo de 2016. Como consecuencia, la RFEF tuvo que reintegrar al Consejo Superior de Deportes el dinero de la subvención, afectando el patrimonio de la federación nacional.
Por su parte, Guillermo Nalda está siendo investigado por un posible delito de estafa procesal y falsedad documental. Se le atribuye la emisión de una certificación falsa que pretendía ocultar los hechos, con el fin de obtener el archivo de la causa. En ella, Nalda afirmaba que parte de los 680.000 euros transferidos por la Federación Cántabra a la RFEF incluían una devolución de 230.500 euros, cuando en realidad, esta cifra no correspondía a la finalidad de la subvención.
La investigación sigue su curso, con la posible apertura de juicio en los próximos meses para ambos implicados.
