Cantabria ha reducido su inversión en rentas mínimas de inserción (RMI) en un 55,1% desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, según un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y analizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este descenso sitúa a la comunidad como una de las trece regiones que han disminuido notablemente el presupuesto destinado a estas ayudas, rompiendo con la tendencia al alza que se había registrado desde 2011.
El informe denuncia que la reducción de las RMI, motivada en parte por la implantación del IMV, ha llevado a que estas ayudas apenas lleguen al 3,6% de la población cántabra que vive bajo el umbral de la pobreza. Este porcentaje, aunque superior al de comunidades como Madrid (0,8%) o Castilla-La Mancha (0,3%), sigue estando lejos de regiones como el País Vasco, donde estas ayudas alcanzan al 51,2% de las personas en situación de pobreza.
Cuantías bajas en relación con la renta media
Otro de los aspectos destacados en Cantabria es la baja cuantía media de las RMI en comparación con la renta media de los hogares. En la comunidad, estas ayudas solo representan el 11,6% de la renta media, por debajo de la media nacional del 15,9%. Esta cifra refleja las limitaciones del sistema y dificulta que estas ayudas sean un verdadero mecanismo de inclusión social.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales critica que muchas comunidades, incluida Cantabria, han utilizado los recursos ahorrados tras la reducción de las RMI para otros fines ajenos a los servicios sociales. Este desvío de recursos, según la asociación, debilita aún más el apoyo a las personas más vulnerables y perpetúa situaciones de precariedad en la región.
Un sistema que necesita reformularse
El informe subraya la necesidad de revisar y reforzar las políticas de rentas mínimas, especialmente en comunidades como Cantabria, donde el impacto de la pobreza sigue siendo significativo. La disminución del gasto en estas ayudas no ha sido compensada con medidas suficientes para garantizar que lleguen a más población o que se incrementen las cuantías de manera proporcional a las necesidades sociales.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insiste en que el objetivo de estas políticas debe ser complementario al IMV, fortaleciendo un sistema de protección social que asegure el bienestar de las personas más desfavorecidas en Cantabria y en el resto de España.
