La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha decidido abrir un expediente sancionador por infracción muy grave contra la empresa Diavida, adjudicataria del servicio de transporte sanitario no urgente, a raíz del retraso en el abono de la nómina correspondiente al mes de octubre, la primera desde que comenzó a operar bajo el contrato. La empresa ha justificado este retraso argumentando problemas económicos derivados de los daños sufridos por la DANA en sus instalaciones.
El anuncio de este expediente se produjo durante un debate en el Parlamento cántabro, donde el consejero de Salud, César Pascual, respondió a las preguntas del diputado socialista y exconsejero del área, Raúl Pesquera. Pascual afirmó que, si bien el Gobierno está evaluando la situación, no existen actualmente motivos suficientes para rescindir el contrato a corto plazo y expresó su esperanza de que no sea necesario llegar a ese extremo.
Además de la apertura del expediente por impago de nóminas, la empresa Diavida ya enfrenta otro procedimiento sancionador debido a las incidencias registradas en los primeros 15 días de servicio, durante los cuales se recibieron 44 reclamaciones. Este segundo expediente podría conllevar una penalización económica de hasta 100.000 euros, aunque la compañía ha presentado alegaciones. A pesar de estos problemas, el Gobierno regional no ha aplicado aún ninguna sanción económica efectiva, con el objetivo de permitir que Diavida disponga de liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos salariales.
El Ejecutivo cántabro, según explicó Pascual, ha optado por adelantar pagos a la empresa para ayudar a solventar su situación económica y garantizar que los trabajadores reciban sus salarios pendientes. Esta medida busca evitar el impacto de una huelga anunciada por el comité de empresa, que inicialmente estaba programada para comenzar el lunes 25 de noviembre, pero que se ha pospuesto al jueves 28 tras un acuerdo alcanzado con la compañía. Según el compromiso adquirido, Diavida deberá abonar los salarios pendientes esta misma semana. “Estamos todos pendientes de si cumple con lo acordado”, señaló el consejero.
El consejero lamentó que en apenas dos meses desde que Diavida asumió el servicio ya se haya llegado a esta situación, y admitió que los trabajadores no pueden seguir sin cobrar sus nóminas. No obstante, recordó que no existe ningún mecanismo legal que permita al Gobierno regional asumir directamente los pagos a los empleados de una empresa privada.
En el debate, también se discutieron quejas relacionadas con la calidad del servicio que presta Diavida. Entre las principales denuncias se encuentran la insuficiencia de técnicos para acompañar a los pacientes en las ambulancias, condiciones inadecuadas de limpieza en las bases operativas, la falta de baños en las instalaciones y problemas en el suministro de material, como la disponibilidad irregular de sábanas. Pascual explicó que, según los pliegos del contrato, el Ejecutivo no puede emprender acciones legales por estas deficiencias hasta que transcurran los primeros 120 días desde el inicio del servicio. Sin embargo, aseguró que se está monitorizando de cerca la actividad de la empresa para identificar los problemas de calidad y exigir las correcciones necesarias.
Por su parte, Pesquera criticó duramente la gestión del transporte sanitario no urgente en Cantabria, calificándola como un “desastre” desde la adjudicación del contrato. También lamentó que la situación esté perjudicando tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio, a quienes se les debería garantizar una prestación de calidad.
El conflicto laboral y las deficiencias del servicio han generado preocupación tanto en el ámbito político como social, con trabajadores del sector sanitario y usuarios expresando su malestar por la situación. Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria ha reiterado su compromiso de garantizar que se regularicen los pagos a los empleados y que Diavida cumpla con las condiciones establecidas en el contrato de adjudicación.
