El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ordenado al Gobierno de Cantabria invertir 3,7 millones de euros en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, correspondientes a los fondos recaudados por la asociación de aseguradoras UNESPA entre 2018 y 2022. La sentencia responde a una demanda presentada por 58 bomberos que denunciaron el mal uso de estos recursos, los cuales deberían haberse destinado a mejorar el servicio de emergencias pero se utilizaron para cubrir gastos corrientes.
Los bomberos argumentan que de los 7,4 millones recibidos en ese periodo, solo se ha justificado la mitad, y lo que se ha gastado no se ha destinado a mejorar el servicio de emergencias de Cantabria (SEMCA). El TSJC ha determinado que el Gobierno debe invertir los 3,7 millones restantes en el SEMCA. Aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el Ejecutivo cántabro tendrá tres meses para poner en marcha los trámites necesarios para cumplir con la decisión, posiblemente incluyendo esta inversión en los presupuestos de 2025.
Además, los bomberos planean exigir la inversión de los fondos aportados por UNESPA en 2023 y 2024, ya que afirman que no se han destinado a mejoras del servicio en estos años. Los representantes del colectivo han advertido que la falta de inversión pone en peligro la seguridad ciudadana, ya que los parques de bomberos presentan condiciones deficientes y equipamientos obsoletos, lo que refuerza la necesidad de que los fondos se utilicen adecuadamente.
