El Parlamento de Cantabria se prepara para reanudar sus actividades el próximo 16 de septiembre, tras un receso estival que interrumpió temporalmente sus labores legislativas. Este período de descanso ha permitido a los miembros del Legislativo recargar energías, pero también ha dejado en suspenso una serie de debates y decisiones cruciales que ahora se retoman en un contexto de alta relevancia política. La agenda que aguarda a los parlamentarios en las próximas semanas se anticipa intensa y cargada de temas que generarán importantes discusiones.
El regreso de la actividad parlamentaria se produce en un clima de notable tensión política, exacerbada por la reciente controversia en torno a la propuesta de reforma del reglamento interno del Parlamento. Esta reforma, que buscaba actualizar y hacer más eficiente el funcionamiento de las sesiones plenarias, fue rechazada antes del receso, lo que evidenció las profundas divisiones entre los diferentes grupos parlamentarios. La falta de consenso sobre esta cuestión no solo detuvo su avance, sino que también creó un ambiente de incertidumbre y conflicto que los legisladores deberán enfrentar de inmediato al reanudar sus labores.
La reforma reglamentaria, que pretendía reorganizar las sesiones plenarias para mejorar su eficacia, ha sido uno de los temas más controvertidos y será central en las discusiones de las próximas sesiones. La propuesta sugería trasladar los plenos de los lunes a los viernes, dividiendo estos en dos tipos: uno de impulso, centrado en mociones y proposiciones no de ley, y otro de control, dedicado a preguntas e interpelaciones al Gobierno. Tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) apoyaron la reforma, argumentando que esta modificación permitiría un mejor control sobre las acciones del Ejecutivo regional y una mayor eficiencia en las labores parlamentarias. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se opuso firmemente, con su portavoz Pablo Zuloaga advirtiendo que la reforma podría debilitar la capacidad de seguimiento y supervisión del Parlamento en un momento en que el Gobierno del PP ya se encontraba en una situación de debilidad y minoría parlamentaria.
La negativa del PSOE a apoyar la reforma fue un golpe para quienes abogaban por ella, y tanto Íñigo Fernández del PP como Pedro Hernando del PRC expresaron su decepción, acusando al PSOE de falta de compromiso y deslealtad al desmarcarse del acuerdo en el último momento. Según estos líderes, la reforma no solo habría mantenido, sino posiblemente fortalecido el control parlamentario sobre el Gobierno, mejorando la transparencia y el funcionamiento institucional.
Dada la falta de acuerdo, la propuesta de reforma ha quedado en suspenso, con la esperanza de que pueda ser reconsiderada en 2025. Mientras tanto, los legisladores deberán continuar abordando otros desafíos importantes, incluyendo la revisión de políticas gubernamentales actuales y la evaluación de proyectos legislativos en curso. Estos debates cubrirán áreas clave como la economía, la sanidad, la educación y el bienestar social, todos sectores que requieren la atención urgente del Parlamento para responder a las necesidades de los ciudadanos.
