El diputado y portavoz del PRC en materia de Cultura, Javier López Marcano, ha acusado hoy al Gobierno de Cantabria de «duplicar pagos» en el proyecto y los honorarios técnicos de la restauración del claustro oeste y el edificio puente del Seminario Mayor de Comillas, con un desembolso que ronda los 265.000 euros en una licitación que repite la ya realizada en 2006, dentro del concurso internacional celebrado en aquel momento para la rehabilitación integral del inmueble.
El parlamentario regionalista ha cuestionado por ello la convocatoria promovida por la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC) para la redacción del proyecto y dirección de obra de la consolidación estructural y puesta en valor del claustro oeste, una actuación que «ya estaba contratada en su mayor parte con fecha 13 de noviembre de 2006 al equipo de arquitectos que ganó el concurso de anteproyectos de carácter internacional». Como consecuencia, ha advertido que el Gobierno «volverá a pagar honorarios por un valor que supera en porcentajes que oscilan entre el 56 y el 44 por ciento lo ya pagado en su momento, cuando lo único necesario era elaborar un proyecto reformado de alcance limitado».
Además, ha puesto en duda el alcance de este nuevo proyecto, que pretende «dejar los edificios que rodean el patio oeste sin cubiertas, ni forjados de madera, ni carpinterías para introducir estructuras de refuerzo en los muros» con el propósito de poner en valor unas ruinas y hacerlas visitables al público. A su juicio, «la actitud romántica de consolidar una ruina para que sea vista no parece trasladable a un edificio que tiene vocación de rehabilitarse a corto y medio plazo como un gran equipamiento».
Asimismo y además de «pagar otra vez un trabajo ya realizado y pagado, con honorarios más elevados que los inicialmente contratados», cree «chocante» el procedimiento elegido para seleccionar el proyecto y contratar la dirección de la obra, con una valoración realizada por tres personas: «el presidente, un técnico y un jurídico de la SAICC, ninguna de ellas arquitecto, ni reconocido como profesional con experiencia en el campo de la rehabilitación del patrimonio», con el asesoramiento de «un comité de expertos del que se desconoce la composición».
Ese procedimiento contrasta con el elegido en el concurso de 2006, cuando -ha recordado- «el proyecto y la dirección de obra se encargaron tras un concurso con jurado, en el que participaban arquitectos de reconocido prestigio, como el maestro Francesco Venezia, junto a representantes del Colegio Oficial de Cantabria».
En definitiva, ha precisado, «la mayor parte de las obras presupuestadas ya estaban incluidas en el proyecto inicial, mientras que el procedimiento elegido obliga a ejecutar actuaciones que se desmontarán o no servirán para la futura rehabilitación, encareciendo el conjunto del proyecto».
A su juicio, sería «más eficaz» emplear los recursos públicos en obras de rehabilitación integral, en lugar de optar por una actuación «sin valorar la idoneidad del proyecto en lo relativo al mantenimiento de los valores tipológicos del edificio histórico, la relación con la parte ya rehabilitada y la correcta percepción en el paisaje», lo cual «puede llegar a ser discutible desde el punto de vista de la conservación del patrimonio».
Finalmente, ha mostrado su temor a que el procedimiento se alargue en el tiempo e impida la concurrencia a la convocatoria del programa 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
