El diputado regional y portavoz de Turismo del Partido Popular, Alejandro Liz, ha defendido hoy la conveniencia del Proyecto de Decreto que está en consulta pública para regular el fenómeno de la vivienda turística, un texto que da certeza y seguridad jurídica a los interesados y que conjuga la salvaguarda de los derechos de los vecinos, con el respeto a la propiedad privada y el derecho de los propietarios a sacar el partido que consideren a los inmuebles que legítimamente han conseguido fruto de su trabajo y esfuerzo.
Alejandro Liz considera infundadas las críticas de los partidos de la oposición a un documento que ha buscado el mayor consenso posible con todos los agentes del sector, municipios y asociaciones y que, según les ha recordado, se encuentra en fase de alegaciones. Por ello, les ha invitado a dejarse de soflamas en los medios y a realizar cuantas alegaciones consideren oportunas para mejorar y enriquecer el texto. “Que aporten o que aparten”, ha dicho.
En este sentido, el diputado ha dicho que llama la atención que regionalistas y socialistas critiquen el proyecto cuando de cara a su elaboración solo el Ayuntamiento de Santander y el de Arnuero, ambos del PP, han realizado propuestas, ningún Ayuntamiento del PRC o del PSOE.
Además, ha señalado que resulta curioso que el PRC, al que le faltó el coraje de sacar adelante una propuesta regulatoria de las viviendas turísticas en diciembre de 2022 por la cercanía de las elecciones, reproche al actual Gobierno falta de ambición de la propuesta actual o la supuesta tardanza en sacarlo. “Falto de ambición e inútil fue el decreto aprobado por el bipartito PRC-PSOE en 2019, vigente en la actualidad, porque no tuvieron el valor de reformarlo”, ha afirmado.
El portavoz de Turismo del PP ha dicho que el Gobierno de Cantabria ha llegado tan lejos como le permiten sus competencias en esta materia porque solo tiene facultades de «ordenación turística» y que nunca va a invadir competencias que nos son suyas: la regulación económica o fiscal corresponde al Gobierno de España y la regulación urbanística corresponde a los ayuntamientos.
Así, en el caso de los ayuntamientos, ha dicho que este borrador no invade la autonomía municipal y otorga libertad a cada consistorio para regular en función de sus necesidades. “En Cantabria cada zona tiene su singularidad y nadie mejor que los ayuntamientos para ordenar lo que les es propio y que saber qué necesidades tiene o cuántas viviendas quieren o no. No son iguales las necesidades de Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal o Comillas, que de San Vicente de la Barquera, Noja o Laredo”, ha dicho.
Finalmente, Alejandro Liz ha señalado que es una falacia que el problema que sin duda existe con el parque de viviendas en alquiler sea por las viviendas de uso turístico, puesto que en Cantabria existen unas 5.000 y, sin embargo, hay cerca de 50.000 viviendas vacías, según ha dicho.
A su juicio, lo que dificulta el alquiler de larga duración es la legislación de la vivienda que propugna el Gobierno de Pedro Sánchez, que protege más al inquilino moroso o al okupa que al legítimo propietario que no se atreve a alquilar su inmueble en estas condiciones o la alquila por temporada exclusivamente. “Que dé seguridad a los propietarios y el alquiler para fijo aumentará su oferta”, ha concluido.
