El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se convocan ayudas, por valor de 40.000 euros, para la financiación de proyectos pilotos en el sector de la economía social y solidaria que favorezcan el desarrollo local de proximidad y la innovación social, incorporando mecanismos que actúen de motor de cambio, atendiendo a las diferentes realidades y necesidades del entorno y permitiendo cubrir necesidades específicas de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
La finalidad de estas ayudas es incentivar la cooperación entre agentes del sector de la economía social y solidaridad (entidades locales, empresas y entidades del tercer sector) con el objetivo de promover de manera decidida la innovación y la mejora y tecnificación de forma que mejore la calidad de vida de las personas y se reduzcan las desigualdades socioeconómicas, promoviendo un modelo de desarrollo humano sostenible, equitativo y respetuoso con los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente y la diversidad cultural, así como la mejora de la cohesión social.
De esta manera, estas ayudas que promueven las direcciones generales de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado; de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo, y de Administración Local están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la estrategia de Desarrollo Humano Sostenible de Cantabria, así como con la Estrategia Horizonte 2030 de Acción Social de Cantabria.
Dentro de este marco general, esta convocatoria se centra en impulsar un modelo innovador y transformador para reforzar derechos y medios de vida de las personas en situación de vulnerabilidad; preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y potenciar la economía social, solidaria y ecológica, y favorecer la coproducción de las políticas sociales locales entre la administración local, la economía social solidaria y el tercer sector, favoreciendo el voluntariado, el asociacionismo y la acción comunitaria.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las agrupaciones o consorcios, sin personalidad jurídica, que estén integradas por personas jurídicas procedentes del tercer sector, es decir, todas aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.
También pueden proceder de entidades del sector privado empresarial, es decir, empresas de economía social, asociaciones y fundaciones empresariales, cooperativas, empresas de inserción y otras análogas, así como entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y cualesquiera otras entidades que realicen actividad económica y empresarial.
En cualquier caso, también pueden optar a estas ayudas entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Serán subvencionables todos aquellos proyectos piloto que afecten a productos, servicios y tecnologías del sector de la economía social y solidaria o a la promoción de la innovación en las organizaciones y servicios públicos de ámbito local, y que impulsen soluciones innovadoras a nivel piloto con el fin de aplicarlas para mejorar la cohesión social y las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, demostrando la posibilidad de replicarlas a mayor escala.
Además, deberán una duración máxima de 18 meses, pudiendo prorrogarse por un periodo no superior a la mitad del plazo inicial; desarrollarse en la Comunidad Autónoma, y potenciar la protección y recuperación de derechos y medios de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, a través del asociacionismo, redes locales y sociales y de comercio justo en la producción y distribución de alimentos saludables y utilización de canales cortos para evitar riesgos de hambre y malnutrición.
También que promuevan proyectos piloto y experiencias de interés relacionadas con el diseño de políticas públicas y la mejora de los servicios públicos, desde el liderazgo estratégico y garantista de lo público con el fin de mejorar el bienestar de la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales.
De igual modo, que potencien la conformación de redes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el ámbito de los cuidados, accesibles y centrados en las personas, basado en el apoyo mutuo y prácticas colaborativas, creando instrumentos y fórmulas de ayuda mutua y de solidaridad, desde la confianza, la reciprocidad y la equidad, contribuyendo a una mayor cohesión social.
Además, aquellos que promuevan la mejora y desarrollo del sector productivo local de bienes y servicios, fomentando la creación de redes de cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas de economía social y las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas a la economía social para ofrecer nuevos servicios integrales a la sociedad, incidiendo en la atención a colectivos vulnerables.
Finalmente, los que potencien la promoción de la dinamización y modernización tecnológica; la creación de plataformas digitales, la automatización de procesos y el uso de herramientas tecnológicas, transiciones sostenibles e inclusivas, creando plataformas para la coordinación y movilización de ayuda, fomentando la participación de la sociedad civil y del sector privado empresarial.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden en el BOC.
