El Gobierno de Cantabria ha cuantificado en más de 2.100 los peces muertos a consecuencia del vertido de purines detectado el pasado viernes en el municipio de Saro, un episodio que ha afectado a los ríos Pisueña y Llerana y que ha dejado a este último “arrasado y completamente sin vida”.
Según ha informado la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, la contaminación se ha extendido a lo largo de 6.000 metros de río. De ese total, 4.500 metros corresponden al Pisueña, donde el vertido ha alcanzado un tramo que llega hasta el puente colgante de Ruda, en Santa María de Cayón, mientras que en el Llerana, donde se localizó el origen del problema, la afección se ha concentrado en 1.500 metros de cauce.
Los Agentes del Medio Natural han retirado hasta el momento 1.998 truchas y 49 anguilas muertas, a las que se suman otros ejemplares de menor tamaño y escaso valor pesquero, como piscardos, además de alevines que no pueden contabilizarse con precisión. La Consejería ha subrayado que el impacto en el tramo del Llerana afectado ha sido especialmente grave, hasta el punto de que el cauce ha quedado totalmente arrasado y sin vida.
En el Pisueña, por su parte, la situación presenta una afección distinta. Al tratarse de un río de mayor anchura y caudal, el efecto del vertido ha sido menos devastador que en el Llerana, aunque el departamento autonómico advierte de que todavía será necesario realizar una valoración más detallada para medir con exactitud el alcance real de los daños.
La investigación abierta a partir de los datos aportados por el SEPRONA de la Guardia Civil llevará a la Consejería de Desarrollo Rural a incoar un expediente sancionador contra el responsable del vertido. La infracción podría ser considerada muy grave conforme a la Ley de Pesca de Cantabria, con sanciones que oscilarían entre los 3.000 y los 60.000 euros, a lo que se sumaría la correspondiente indemnización, que podría superar los 300.000 euros.
En paralelo, la Guardia Civil mantiene abierto el análisis del caso desde el punto de vista penal, al tratarse de un posible delito ecológico recogido en los artículos 325 y 331 del Código Penal. Si finalmente se abre causa judicial, el procedimiento administrativo quedaría suspendido hasta que avance la vía penal.
El Gobierno de Cantabria ha señalado además que, una vez reciba la información definitiva de la investigación y se inicie el procedimiento judicial, estudiará si se persona en la causa. Mientras tanto, los Agentes del Medio Natural continúan trabajando en la zona para comprobar si la contaminación ha alcanzado a más peces y para completar la evaluación del daño.
Parte de los cadáveres recogidos han sido conservados por si en el futuro fueran necesarios como prueba en los procesos judiciales que puedan derivarse de este episodio. La actuación busca asegurar la preservación de indicios en una investigación que sigue abierta y que, por el momento, mantiene a la zona bajo supervisión constante.
El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha calificado la afección de “bastante grave” y ha advertido de que la recuperación no será inmediata. Según ha explicado, la regeneración del ecosistema tardará varios años, por lo que la Administración autonómica pondrá en marcha labores de recuperación de la vida acuática en el tramo afectado.
Serdio ha destacado además la singularidad ambiental del espacio perjudicado, al formar parte de una zona protegida dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Pas-Pisueña. A su juicio, la restauración del entorno será especialmente delicada por la relevancia ecológica del cauce y por la magnitud del impacto que ha dejado el vertido.
