El Partido Regionalista de Cantabria ha cargado con dureza contra el proyecto de la piscina de olas anunciada por el Gobierno de Cantabria en Ribamontán al Monte y ha elevado el tono de sus críticas al considerar que la operación “huele a pelotazo” y que se está intentando sacar adelante un PSIR “a la carta” para favorecer una iniciativa privada cuyo interés público ve “muy cuestionable”.
La reacción ha llegado de la mano de la diputada y candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, después de que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga diera a conocer los primeros detalles de la actuación y defendiera su tramitación como Proyecto Singular de Interés Regional. El PRC sostiene que esa figura urbanística debe reservarse para proyectos de auténtico interés general y no para desarrollos privados de ocio en suelo rústico.
Fernández ha puesto el foco, además, en la falta de información trasladada al Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, al que, según ha denunciado, únicamente se le habría hecho una llamada telefónica sin que haya recibido todavía el proyecto ni documentación suficiente para valorar la viabilidad de una obra de esta magnitud. Para el PRC, esa forma de proceder refuerza las dudas sobre la premura con la que el Gobierno quiere activar la tramitación.
La dirigente regionalista ha cuestionado también que se quiera impulsar una infraestructura de estas características en una comunidad como Cantabria, donde —según ha defendido— abundan las playas con olas naturales y existen recursos suficientes para la práctica del surf sin necesidad de construir una piscina artificial de gran formato. En su opinión, la justificación de interés regional resulta débil y no encaja con la naturaleza excepcional de un PSIR.
Otro de los puntos de fricción está en la capacidad real de la empresa promotora, Olucas Surf Center, para afrontar una inversión que el Gobierno sitúa en 40 millones de euros. Fernández ha recordado que la sociedad se constituyó hace apenas un año con un capital social muy reducido, de solo 3.000 euros, ampliado después hasta 88.000, un dato que el PRC utiliza para sembrar dudas sobre la solvencia del proyecto y sobre la escala económica de la operación anunciada.
El grupo regionalista también ha advertido de que este tipo de piscinas de olas han sido rechazadas en otras comunidades autónomas, como Asturias o Galicia, precisamente por las incertidumbres que generan en torno a su impacto ambiental, su contribución al interés general y el modelo turístico que promueven. Desde esa perspectiva, el PRC considera que el Gobierno cántabro debería actuar con mucha más prudencia antes de comprometer suelo rústico y recursos administrativos en una iniciativa todavía poco explicada.
Paula Fernández ha reclamado, por ello, que el Ejecutivo ponga sobre la mesa todos los datos relevantes del expediente antes de seguir adelante. Entre ellos ha citado la demanda hídrica, la afección ambiental, la movilidad asociada, el impacto paisajístico y las necesidades de infraestructuras que acarrearía el proyecto en Villaverde de Pontones. A su juicio, sin esa información resulta imposible valorar con seriedad el alcance de la actuación ni justificar su tramitación como interés regional.
El PRC insiste en que no está en contra de la inversión privada ni de la creación de actividad económica, pero sí de que se apliquen “trajes a medida” a determinados proyectos. En ese sentido, reclama que cualquier iniciativa se tramite por los cauces ordinarios, con respeto a la autonomía municipal y sin privilegios urbanísticos que, según los regionalistas, puedan desnaturalizar la protección del suelo rústico.
La polémica llega en un momento en el que el Gobierno de Cantabria defiende el Olucas Surf Center como un proyecto de amplio alcance, con piscina de olas, alojamiento, restauración, formación, bienestar y actividades al aire libre, además de una previsión de 200.000 visitantes al año. Frente a ese discurso, el PRC ha decidido situar el foco en la falta de transparencia, en la excepcionalidad de la figura elegida y en el riesgo de que la operación acabe convertida en un ejemplo de urbanismo hecho a medida para una iniciativa privada.
