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El Parlamento de Cantabria aprueba la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo tras 20 años de retraso

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El Parlamento de Cantabria aprueba la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo tras 20 años de retraso

La norma, apoyada por PP, PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, regula el transporte de personas y mercancías entre puertos de la región; el PSOE la rechaza por carencias insalvables y Vox se abstiene

by El Mirador
09/06/26 08:41
in Política
El Parlamento de Cantabria aprueba la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo tras 20 años de retraso
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El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, que llega con 20 años de retraso, los transcurridos desde que la región asumió las competencias en este ámbito, y que ha salido adelante con los votos del PP, el PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Por su parte, el PSOE la ha rechazado al considerar que tiene carencias insalvables y Vox se ha abstenido por la inclusión de determinadas embarcaciones dentro del ámbito de aplicación de la ley y ha criticado que ésta no sea progresiva.

El consejero del ramo, Roberto Media (PP), ha considerado una gran noticia la aprobación de esta ley eminentemente técnica, muy necesaria que, según ha dicho, viene a regular un sector muy en auge en Cantabria.»Esta es una ley de todos y estoy convencido de que será una herramienta muy útil en el futuro para regular por fin este sector como se merece y mejorar las condiciones de trabajo de todos los actores implicados en él», ha confiado Media. «Esta ley era una vieja demanda y llega con más de 20 años de retraso», ha subrayado el consejero.

La norma, de 29 artículos y varias disposiciones, regula la actividad de las empresas de este sector, aplicando el principio de libre prestación de servicios pero requiriéndoles una declaración responsable previa. Además, establece derechos y deberes de los usuarios y fija sanciones.

La norma tiene por objeto regular la ordenación del transporte marítimo de personas, mercancías o mixto que se desarrolla entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, sin conexión con otros de fuera. Dentro de su ámbito de aplicación, se incluye todo el transporte marítimo en el que exista una contraprestación económica. Se aplicará tanto a transportes regulares, excursiones recreativas y turísticas o alquiler de embarcaciones con patrón, pero finalmente deja fuera a aquellos con fines educativos o deportivos.

Prevé la creación de un registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria. Éstas solo deberán presentar una declaración responsable previa de la actividad adecuada en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, aunque tendrá que disponer de la documentación que así lo acredita y ponerla a disposición de la Administración cuando así le sea requerida.

El PP ha subrayido la importancia de esta norma sobre una compleja materia, algo que también ha hecho el PRC, que ha puesto en valor las mejoras aportadas por los regionalistas para mejorar y aumentar la seguridad jurídica del texto.

El PSOE ha dicho no al considerar que la ley se queda corta y es una verdadera oportunidad perdida a la hora de afrontar algunos de los desafíos del transporte marítimo en Cantabria, según ha indicado el exvicepresidente regional y diputado, Pablo Zuloaga. Ha criticado que no hayan sido aceptadas algunas enmiendas de su grupo que pedía la incorporación de medidas relacionadas con la protección ambiental cuando la ley regula una actividad que tiene incidencia negativa sobre algunos de los espacios naturales más sensibles de Cantabria, ha advertido. Cuando volvamos a ver las imágenes del macrobotellón en El Puntal piensen que hoy podían haber evitado que eso sucediera si este Gobierno hubiera contado con las herramientas necesarias para poder evitarlo. Ustedes han preferido no escuchar, no hacerlo. Reflexionen, recapaciten, ha instado Zuloaga.

Vox ha subrayado la importancia de esta ley y ha valorado las mejoras introducidas durante la tramitación, entre ellas una dirigida a controlar el uso de las motos de agua, pero se ha abstenido al considerar que deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma las embarcaciones de lista 7ª, las matriculadas para uso privado, siempre y cuando su capacidad legal no exceda de 12 personas.

Y Palacio, por su parte, ha valorado el modelo desregularizador de la norma que, en su opinión, va a facilitar la creación de empresas y servicios dentro del sector marítimo, fundamentalmente relativas al ocio y turismo.

Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, desde entonces, las empresas que vienen prestando servicios en la actualidad dispondrán de dos meses para presentar la declaración responsable previa estipulada en la ley.

En lo concerniente a los derechos de los usuarios, figuran, entre otros, los de disponer de información detallada en caso de incidencias, o el de recibir una compensación económica en caso de retrasos que no sean debidos a causas de fuerza mayor. Además, se recoge el derecho a reclamar en caso de deficiencias apreciadas y ser indemnizados por daños ocasionados por la prestación del servicio. También se establece un sistema alternativo de resolución de controversias entre usuarios y empresas a cargo de la Junta Arbitral de Transportes.

Y en cuanto al régimen de infracciones y sanciones, por ejemplo, se considera falta muy grave prestar servicios sin haber realizado la declaración responsable o que ésta tenga datos falsos, lo que puede conllevar sanciones de multas de hasta 10.000 euros, cese de la actividad o, incluso, la inhabilitación temporal. Por otro lado, incluye la posibilidad de que los operadores se incorporen a la Tarjeta Única de Transporte de Cantabria.

Condena a la corrupción del Gobierno de Sánchez con los votos de PP y Vox

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde en su sesión vespertina de este lunes, con los votos a favor de PP y Vox, en contra de PSOE y con la abstención de PRC, a una proposición no de ley, que parte de esta última formación, para que la Cámara condene los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno central, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez y para que manifieste la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha sostenido que este debate no puede ser de esos que suelen engrosar el diario de sesiones con el intercambio habitual de reproches partidistas o cuestiones de trámite administrativo, sino que se trata de una llamada de auxilio democrático.

Es una exigencia de justicia, un acto de responsabilidad con los miles de cántabros y millones de españoles que asisten entre la indignación y el absoluto desamparo al desmoronamiento de las estructuras del Estado. Estamos ante una auténtica situación de emergencia nacional, una crisis total que afecta a lo político, a lo moral y a lo económico, ha afirmado sobre su iniciativa.

El portavoz socialista, Mario Iglesias, ha dicho que la propuesta de Vox es un despropósito y que está escrita en Madrid.

Respetamos la justicia y por eso la dejamos trabajar, no como otros que querían controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás o destruían a martillazos los discos duros, ha enfatizado Iglesias.

PP y PSOE rechazan la moción del PRC para evaluar el impacto de Mercosur en el sector primario

El pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado también este lunes una moción del PRC que pedía evaluar el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el sector primario de Cantabria.

La moción, que ha sido rechazada por el PP y el PSOE, ha sido apoyada por el PRC y Vox.

Otro puntos

El Pleno del Parlamento de Cantabria también ha debatido y votado el dictamen de la Comisión sobre vivienda, la corrupción y el cribado del cáncer de mama.

El grupo regionalista solicita apoyo para instar a la Delegación del Gobierno a realizar gestiones para evitar el cierre de una oficina de Unicaja en San Felices de Buelna, mientras que los socialistas solicitan la adhesión al convenio con otras comunidades para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales (Licicaz).

A continuación, el PRC se interesa por el desarrollo de los proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías renovables y Vox interpela al Ejecutivo por el PSIR de Laredo.

El PRC pregunta por la conservación de la edificación conocida como Villa Marisa en el Valle de Villaverde y el incremento de la franja de edad para el cribado del programa de cáncer de mama.

Tags: CantabriaparlamentoÚltimas noticias

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