La magistrada de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha convocado a las partes personadas en la causa por la presunta estafa en Novo Banco a una sesión el próximo 22 de mayo para tomar declaración a testigos, peritos y a una familiar de J. V. R., ex trabajador de la entidad y principal acusado, que pasará a declarar en calidad de investigada. La causa se centra en determinar la presunta dinámica operativa que el imputado habría seguido en la gestión de productos de elevado riesgo para sus clientes en la sucursal de Santander.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la investigación se dirige a reconstruir paso a paso las operaciones de J. V. R. en el mercado de derivados, de elevado riesgo, por lo que la jueza ha dispuesto la comparecencia de tres empleados de la entidad bróker con la que el ex trabajador de Novo Banco realizaba esas inversiones. Asimismo, se mantiene abierta la línea de investigación sobre la posible responsabilidad penal de la propia entidad, de manera que comparecerá ante la instructora el que fuera director de Gestión de Riesgos de Novo Banco en el periodo en que se desarrollaron los hechos objeto de la causa.
En la misma sesión del 22 de mayo se prevé la declaración del funcionario de Vigilancia Aduanera encargado de elaborar los informes de averiguación patrimonial de J. V. R. y de su núcleo familiar, también investigado. La magistrada ha valorado el contenido de esos informes para ampliar el círculo de diligencias, por lo que ha citado en calidad de investigada a una cuñada del principal imputado, que se incorporará así a la relación de personas que declaran en el marco de la instrucción.
La causa se inició en 2020 tras un escrito presentado por el propio J. V. R. ante la Fiscalía, en el que ponía en conocimiento de la Justicia unas actuaciones que, según su propia confesión, habría llevado a cabo durante su periodo laboral en Novo Banco, entre 2006 y 2019, fecha en la que su vínculo con la entidad se extinguió en el marco de un expediente de regulación de empleo. La Fiscalía instruyó diligencias previas que concluyeron con la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Santander, hoy integrado en el Tribunal de Instancia, y la apertura de una pieza penal por posibles delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y administración desleal.
La instrucción sostiene que, durante esa etapa, el investigado habría ocultado a los clientes el resultado negativo de las inversiones en derivados, facilitando información falsa sobre la evolución de sus carteras. De acuerdo con lo averiguado hasta ahora, habría elaborado informes bancarios aparentemente favorables que reflejaban rentabilidades positivas, cuando en la práctica los clientes habían perdido todo o gran parte de sus ahorros. Bajo esa percepción de éxito, muchos de ellos habrían seguido aportando fondos, ya sea de su patrimonio restante o con nuevos ingresos.
La confianza depositada en el ex empleado habría permitido, a juicio de la investigación, que operara con amplia libertad, empleando presuntamente órdenes firmadas en blanco, órdenes posteriormente firmadas, o instrucciones en las que el propio J. V. R. simularía la firma de sus clientes. En algunos casos, ha reconocido haber llevado a cabo operaciones sin el conocimiento ni la autorización de los titulares, lo que habría reforzado el carácter de desleal de su gestión patrimonial.
La causa se compone de cerca de 70 tomos y más de 4.000 documentos, y se encuentran actualmente investigadas diez personas. El principal investigado es J. V. R., al que se suman siete miembros de su familia, cónyuge, padre, hermanos y cuñados, y dos trabajadores de la oficina santanderina de Novo Banco, un asesor financiero y el que fue director de sucursal.
Por otro lado, están personados como perjudicados 84 clientes que han aportado abundante documental para acreditar los importes reclamados en vía civil. Novo Banco, que figura como parte acusadora al haber presentado querella contra J. V. R. y potencial responsable subsidiario, ha consignado 3,5 millones de euros, con los que se han venido abonando cantidades a cuenta a los perjudicados que han solicitado adelantos, mediante acuerdos entre las partes y el Ministerio Fiscal, en el marco de la investigación en curso.
