El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes de forma definitiva el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad para 2026, unas cuentas que ascienden a 3.925 millones de euros y que entrarán en vigor el próximo 1 de mayo, cuatro meses más tarde de lo habitual. El respaldo del PRC ha sido decisivo para que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga haya sacado adelante los terceros presupuestos de la legislatura, en una votación que ha concluido con 23 apoyos, 11 votos en contra y una abstención.
Las cuentas han salido adelante tras una tramitación marcada por el bloqueo inicial del pasado otoño, cuando una enmienda a la totalidad devolvió el proyecto al Ejecutivo y obligó a reabrir las conversaciones entre PP y PRC a finales de febrero. Desde entonces, ambas formaciones cerraron un acuerdo que ha permitido reencauzar la negociación y aprobar ahora un presupuesto que el Gobierno considera clave para consolidar el crecimiento económico y garantizar la prestación de los servicios públicos.
El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha defendido durante el debate que, pese a la entrada en vigor retrasada, el presupuesto tendrá niveles de ejecución similares a los de los dos anteriores de esta legislatura y claramente superiores a los de la pasada. Ha asegurado además que, una vez superado el trámite parlamentario, la Consejería afrontará unos días de trabajo intenso para adaptar las cuentas prorrogadas de 2025 a las nuevas partidas aprobadas este lunes.
Agüeros ha subrayado que el documento presupuestario mantiene una línea muy parecida a la que el Gobierno presentó en octubre, aunque con mejoras introducidas por los regionalistas. Según ha explicado, las cuentas destinan 2.420 millones de euros a sanidad, educación y dependencia, lo que supone 417 millones más que las últimas cuentas aprobadas por el bipartito PRC-PSOE en 2023. También ha valorado la incorporación de 56 enmiendas parciales, 55 al presupuesto y una a la ley de medidas fiscales y administrativas, presentadas por PP y PRC.
Desde el PRC, su apoyo ha estado condicionado por la necesidad de dar estabilidad institucional a Cantabria y de evitar que la comunidad siguiera funcionando con unas cuentas prorrogadas. La diputada Paula Fernández ha insistido en que la ausencia de presupuesto no castiga al Gobierno en abstracto, sino al conjunto de la ciudadanía, y ha pedido al Ejecutivo “eficacia y rigor” para que los compromisos incorporados se traduzcan en resultados concretos.
Fernández ha reclamado al Gobierno “lealtad al acuerdo” y ha advertido de que “ya no hay excusas” para no ejecutar las medidas pactadas. En esa misma línea, ha defendido que el 1 de mayo marcará el inicio de una nueva fase en la que el Ejecutivo deberá demostrar capacidad de gestión, diligencia administrativa y cumplimiento real de los compromisos asumidos con los regionalistas.
El debate parlamentario ha dejado también un amplio rechazo por parte de la oposición. PSOE y Vox han censurado el “rodillo” de PP y PRC para desestimar sus enmiendas, al considerar que las cuentas son irreales, continúan sin corregir los problemas estructurales de Cantabria y mantienen sin resolver asuntos como las dificultades del sector primario, la situación de la industria o la política de vivienda.
El portavoz socialista, Mario Iglesias, ha sostenido que el proyecto presupuestario no responde a las necesidades de la comunidad y ha criticado que reproduzca el planteamiento ya rechazado el pasado noviembre. A su juicio, el documento impulsa un modelo que prima la especulación urbanística y el crecimiento turístico frente a las necesidades de quienes residen en la región de forma permanente.
Vox, por su parte, ha sostenido que las cuentas no corrigen los problemas de fondo ni mejoran la eficiencia de la Administración. Su portavoz, Leticia Díaz, ha acusado al Gobierno de improvisar, de gastar más en estructuras políticas y administrativas y de no ofrecer soluciones para asuntos como la industria, el campo o determinados proyectos públicos en marcha, al tiempo que ha lamentado que PP y PRC hayan rechazado todas sus propuestas.
El diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, también ha cuestionado la estructura del presupuesto y ha defendido la necesidad de reorganizar las cuentas para incrementar el margen destinado a inversión. En conjunto, la oposición ha coincidido en señalar que el acuerdo entre populares y regionalistas consolida un modelo continuista que, a su juicio, no resuelve los principales desequilibrios de la comunidad.
Por parte del PP, el portavoz parlamentario Juan José Alonso ha celebrado que Cantabria vaya a disponer de “los terceros presupuestos del cambio” y ha defendido que las cuentas refuerzan los servicios públicos y mantienen la senda de reducción de impuestos. También ha reprochado a PSOE y Vox que presentaran enmiendas, a su juicio, sin base suficiente y sin aportaciones útiles para mejorar el texto.
La aprobación de estas cuentas cierra así una nueva etapa de negociación entre el Gobierno y el PRC, que ha vuelto a convertirse en socio imprescindible para sacar adelante los presupuestos autonómicos. A partir del 1 de mayo, la atención se trasladará a la ejecución real del gasto y al cumplimiento de unas medidas que ambas partes han presentado como esenciales para que el presupuesto no quede en una mera declaración política.
