Nestlé ha comunicado la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) que implicará 301 despidos en sus trece centros de trabajo en España, medida que alcanza también a la planta productiva de La Penilla en Cantabria. Este ajuste laboral forma parte de un plan global de reestructuración que contempla la supresión de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, justificado por la empresa en función de objetivos de eficiencia operativa y transformación organizativa.
La fábrica de La Penilla, uno de los principales centros de Nestlé en la región, cuenta con una plantilla media de unos 800 trabajadores, lo que hace especialmente relevante el impacto del ERE en el tejido industrial cántabro. La multinacional, líder mundial en el sector alimentario, mantiene una sólida posición económica pese al anuncio, habiendo registrado en 2025 una facturación en España de 89.000 millones de francos suizos —equivalentes a más de 97.000 millones de euros— y un beneficio neto superior a 9.800 millones de euros.
Posteriormente al anuncio del ERE, la sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) en Nestlé ha hecho público su rechazo rotundo a la medida, calificándola de «injustificada, desproporcionada y socialmente inaceptable». El sindicato ha argumentado que no existe base para un ajuste de esta magnitud en una compañía que ostenta liderazgo global y continúa generando beneficios multimillonarios, al tiempo que prevé un crecimiento orgánico del 3,4% y mejoras en el volumen de ventas.
UGT-FICA ha incidido en la ausencia de crisis financiera en Nestlé para justificar su postura, subrayando que pretender recortar empleo en una empresa con tales capacidades económicas resulta inadmisible. Tras rechazar las explicaciones de la compañía sobre eficiencia y cambios organizativos, el sindicato ha exigido la retirada inmediata del expediente, el compromiso de no implantar medidas traumáticas y la elaboración de un plan alternativo basado en la reorganización interna.
En el ámbito procedimental, la constitución de la comisión negociadora sindical tiene como fecha límite el 6 de mayo, momento a partir del cual se iniciaría el período de consultas con la multinacional. UGT-FICA se prepara para defender con firmeza los intereses de la plantilla en estas negociaciones, en un contexto de preocupación por la responsabilidad social de las grandes corporaciones ante resultados económicos positivos.
La reacción sindical pone de manifiesto las tensiones entre objetivos empresariales de optimización y la preservación del empleo en sectores estratégicos como el agroalimentario, donde Cantabria mantiene una presencia industrial significativa a través de instalaciones como la de La Penilla.
