El Ayuntamiento de Santander ha clausurado esta mañana el pleno extraordinario convocado por la oposición para analizar la tragedia de El Bocal, que se saldó con seis fallecidos el 3 de marzo al derrumbarse una pasarela en la senda costera norte. La sesión, iniciada a las 9:00 horas bajo la presidencia de Gema Igual, ha registrado un intenso intercambio de acusaciones entre los grupos municipales, centrado en las responsabilidades políticas y la actuación de las administraciones implicadas.
La alcaldesa popular ha abierto la deliberación con un mensaje de pésame a las familias de las víctimas —cinco mujeres y un hombre de entre 19 y 22 años, alumnos del CIFP La Granja de Heras— y deseos de recuperación para la única superviviente, herida grave tras caer al mar desde la estructura de madera entre Cabo Mayor y La Maruca. Igual ha destacado la colaboración total con la jueza de Instrucción número 1, que investiga el suceso, y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia.
Keruin Martínez, de IU, ha sido el primero en intervenir, rechazando calificar el accidente como mera mala suerte y recordando mociones plenarias de 2016 y 2019 aprobadas por unanimidad para exigir al Ministerio de Transición Ecológica el mantenimiento de las pasarelas o su ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento. Ha criticado la falta de respuesta a quejas vecinales sobre el riesgo de las estructuras, conocidas como no aptas para tránsito peatonal, y ha defendido que el color político del Gobierno central en aquel momento —PP— no eximía de actuaciones.
Felipe Piña, portavoz del PRC, ha calificado la ciudad de «a la deriva» por desidia municipal, citando ejemplos como La Remonta, los galeones o la plaza de Pombo, y ha acusado a Igual de jugar «a la ruleta rusa» con la seguridad ciudadana. Ha denunciado que la web municipal aún promocionaba la senda y que un minuto de silencio se convocó desde Festejos, exigiendo humildad al PP y la entrega del estudio de riesgos de la ruta.
Laura Velasco, de Vox —con Emilio del Valle participando por videoconferencia—, ha formulado una decena de preguntas sin respuesta, como la vigilancia de la infraestructura pese a un incidente similar en 2024 que motivó inspección policial. Ha señalado una «recepción tácita» por uso y publicidad municipal, reclamando el protocolo de la Policía Local ante la alerta del 112 el día previo al colapso, ignorada por la agente.
Daniel Fernández, del PSOE, ha elevado el tono al afirmar que Igual, como jefa de la Policía Local, es responsable directa de la falta de protocolos y medios en un sistema «Smart City» que no reaccionó a avisos de peligro. Ha cuestionado la promoción turística de una senda no recepcionada ni segura, vinculando el suceso a carencias policiales y exigiendo responsabilidades políticas sin excusas.
Margarita Rojo, como portavoz del PP, ha rebatido la demagogia opositora, aclarando que el Ayuntamiento carecía de competencia para inspeccionar obras estatales de Costas —tutela del dominio público marítimo—, ni había recepcionado la senda pese a invertir 4 millones en la franja. Ha planteado interrogantes a Costas sobre el estado de las estructuras, ajustes al diseño y ejecución defectuosa —posible causa del fallo, no el mantenimiento—, y ha descartado una comisión especial por duplicar las ordinarias.
En segunda ronda, Martínez ha insistido en la responsabilidad moral del Ayuntamiento por no actuar pese a mociones vinculantes; Piña ha tildado de «acojonante» la persistencia publicitaria y ha criticado cambios de versión del PP sobre causas; Velasco ha preguntado por precintos actuales y protocolos policiales; Fernández ha llamado «incompetente» a Igual, recordando ministros PP como García Tejerina en la ejecución.
Rojo ha respondido detallando el marco legal: sin inspección posible, sin recepción patrimonial y responsabilidad «in vigilando» demagógica. Ha negado revelar el protocolo policial por orden judicial y ha enfatizado que la colapsada pasarela, de ejecución estatal no finalizada, no depende municipalmente.
Gema Igual ha cerrado relatando la historia de la senda con documentación disponible —abierta por Costas— y negando dimisión pese a presiones: «Me quedo para buscar la verdad, confío en la Justicia». Ha acusado a la oposición de oportunismo político, usando víctimas para beneficio personal —citando ausencias de Casares o boicots de Vox a actos reales— y ha centrado el foco en Costas, sin aludir esta vez a la Policía Local.
La votación del único punto —asumir responsabilidades políticas por promoción y Policía Local, más comisión especial— ha resultado rechazada: 13 a favor (PSOE, PRC, Vox, IU) frente a 14 en contra (PP).
