El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Valdeolea han rubricado un convenio de colaboración para la cesión de una parcela municipal a la empresa pública Gesvican, con el fin de promover 13 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y, en algunos casos, de alquiler con opción a compra.
La presidenta de la Comunidad, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado que el Ejecutivo licitará “de forma inmediata” la redacción del proyecto de ejecución, con la intención de que las obras se inicien en los próximos meses. Las viviendas se ubicarán en un solar de aproximadamente 2.100 metros cuadrados, situado en la calle Constitución de Mataporquera, en el municipio campurriano.
Sáenz de Buruaga ha subrayado que este acuerdo, suscrito por el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Valdeolea, Fernando Franco, se encuadra dentro del objetivo del Gobierno de Cantabria de duplicar, “como mínimo”, el parque de vivienda pública antes del final de la legislatura, como respuesta al problema de acceso a la vivienda en la región.
La presidenta ha valorado de forma especial la ubicación del proyecto en Campoo y en un municipio en riesgo de despoblamiento, donde considera “especialmente necesaria” la construcción de nuevas viviendas que den respuesta a la demanda existente y favorezcan el asentamiento de nuevas familias.
Buruaga ha recordado que esta iniciativa se suma a otros proyectos ya en curso, entre los que ha destacado las 285 viviendas protegidas en diferentes fases de ejecución, incluyendo 212 que se construirán mediante un sistema de colaboración público‑privada en seis municipios de la Comunidad y cuyos trabajos “están a punto de arrancar”.
Además, ha señalado que el Ejecutivo continúa negociando con otros ayuntamientos, como Santander, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Pesquera, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna o Ribamontán al Mar, para impulsar actuaciones similares que aumenten el stock de vivienda social en la región.
Por su parte, el alcalde de Valdeolea ha agradecido al Gobierno autonómico su colaboración en el impulso de este proyecto, que, según ha explicado, contribuirá de manera decisiva a fijar población en el municipio y a consolidar la ligera recuperación demográfica registrada en los últimos años.
Franco ha recordado que, aunque tradicionalmente abundaban las viviendas vacías, en los últimos tiempos un número importante de ellas se ha ido vendiendo progresivamente, reduciendo la oferta disponible. En este contexto, ha valorado que la nueva promoción pública permitirá responder a la demanda de vivienda y reforzar el futuro y la vitalidad del municipio de Valdeolea.
En el marco del mismo acto, la presidenta ha puesto de relieve el refuerzo de las políticas de vivienda recogido en los Presupuestos de 2026, que incrementan en un 63% las partidas destinadas a este ámbito, con una dotación que ha calificado como “histórica y sin precedentes”.
Dentro de ese paquete, Sáenz de Buruaga ha destacado el Plan integral de vivienda, que abarca la construcción de más viviendas y más viviendas protegidas, la gestión del suelo, la lucha contra la okupación y los incentivos a la compra y al alquiler. Ha señalado, además, que se incrementará en un 109% la partida consignada a Gesvican, hasta alcanzar los 18,3 millones de euros para la promoción de nuevas viviendas públicas.
La presidenta ha reseñado otras medidas incluidas en la norma presupuestaria, como la creación de una línea de avales públicos de hasta el 20% para acceder a una hipoteca y la reducción de impuestos que gravan la compraventa de vivienda habitual. Entre ellas, ha citado la ampliación del tipo reducido del 7% de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a todas las viviendas de hasta 300.000 euros y la ampliación hasta los 40 años de la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4%.
Asimismo, ha mencionado la introducción de una deducción específica para la adquisición y rehabilitación de vivienda dirigida a menores de 36 años y la puesta en marcha de nuevos incentivos vinculados a las cuentas vivienda, con una aportación anual de 200 euros durante los tres primeros años.
En palabras de la presidenta, este conjunto de actuaciones supone “un refuerzo significativo” de los instrumentos de apoyo público, orientado tanto a facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda como a dar respuesta a las dificultades actuales del sector inmobiliario en Cantabria.
